Colprensa
lunes, 11 de septiembre de 2023
La decisión del Ministerio obedece a la negativa de los máximos órganos rectores del fútbol de negociar con el sindicato de futbolistas
Vive 100 y Crem Helado están en la lupa del Ministerio de Trabajo tras las inspecciones
El Ministerio de Trabajo lanzó en las últimas horas un ultimátum a la Federación Colombiana de Fútbol y a la Dimayor para iniciar negociaciones con el sindicato de futbolistas asociados en Acolfutpro.
El organismo, presidido por la ministra Gloria Inés Ramírez, comenzará este procedimiento administrativo sancionatorio por la presunta vulneración del artículo 433 del Código Sustantivo del Trabajo debido a que los organismos rectores del fútbol colombiano han sostenido una negativa a negociar el pliego de peticiones presentado por la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro), desde hace cuatro años.
De acuerdo con el Auto, expedido el pasado 4 de septiembre por el coordinador del Grupo Interno de Trabajo de la Unidad de Investigaciones Especiales del Ministerio del Trabajo, existe mérito para la formulación de cargo tanto a la Federación como a la Dimayor aclarando que si bien es cierto: “el empleador directo de los futbolistas no es la Federación Colombiana de Fútbol y a la División Mayor del Fútbol Colombiano, y que estos no son los que firman la relación contractual, no son los que pagan los salarios, ni cancelan la seguridad social, sí tienen incidencia en ciertas relaciones jurídicas, que pueden ser sujeto de negociación colectiva a Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales—Acolfutpro, por esta razón, tendría la obligación de iniciar las negociaciones”.
Esta formulación de cargos implicaría la apertura de un proceso administrativo sancionatorio con multas que podrían ir desde 5 hasta 10 millones de pesos diarios, por cada día de mora, en el inicio de las conversaciones del pliego de peticiones.
Este conflicto comenzó en septiembre de 2019 cuando más de mil futbolistas de cerca de 35 clubes aprobaron un pliego de peticiones que contiene aspiraciones para mejorar sus condiciones de trabajo, defensa de sus derechos que ha sido liderada por Carlos González Puche, presidente de Acolfutpro.
La querella fue presentada por Acolfutpro y se inició con fundamento en los artículos 39 y 55 de la Constitución Política y los Convenios 87, 98 y 154 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y que han sido ratificados por Colombia.
“El Gobierno del Cambio tiene interés de promover el diálogo social en todas las instancias, por ello hemos querido durante todo nuestro año de gobierno que se llegue a una amigable salida al diferendo sin que haya sido posible, por la posición que sostiene la parte empleadora. Nosotros hemos sostenido la necesidad de que se respeten los convenios internacionales que hacen parte de nuestra legislación y por eso no permitiremos que se vulneren”, expresó la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez.
Mientras que el viceministro de Relaciones laborales e Inspección, Edwin Palma Egea, encargado de presidir las mesas de diálogo con los involucrados con la OIT y la Fifa, aseveró: “ que desde hace años el gobierno colombiano tiene un expediente abierto en el Comité de Libertad Sindical de la OIT por este caso. Hemos querido solucionarlo por la vía del diálogo social, pero ha sido imposible. El Estado Colombiano tiene obligaciones que estamos comprometidos a cumplir. Esperamos que la Federación y la Dimayor, en cualquier momento inicie las conversaciones en beneficio del espectáculo del fútbol, la hinchada y por supuesto los intereses de los futbolistas que al final son trabajadores”.
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