Colprensa
lunes, 10 de junio de 2019
La iniciativa fue interpuesta por el Partido Alianza Verde en la Cámara de Representantes
El debate de moción de censura contra Guillermo Botero inició en la Cámara de Representantes. La polémica por la muerte de Dimar Torres y las directrices erradas de las Fuerzas Armadas para las bajas de los grupos organizados al margen de la ley serán los principales ingredientes del debate.
La primera parte de la discusión consistió en los plantamientos de los partidos de oposición sobre la presunta falta de idoneidad del ministro Guillermo Botero para atender las vicisitudes que se han presentado en este escenario de posconflicto.
El primero en tomar el atril en la Cámara de Representantes fue Mauricio Toro, miembro de la Alianza Verde, quien aclaró que "este no es debate sobre los resultados de las Fuerzas Armadas, a la cuales respetamos rotundamente". También resaltó que "el debate es para que nos aclaren cuáles son las sombras que hay detrás de esos falsos positivos y ejecuciones extrajudiciales".
Toro también dijo que "esto es para demostrar que Botero no es idóneo para dirigir a las Fuerzas Armadas de Colombia", recalcó que "las imprudencias del ministro, que no han sido una o dos, han mancillado el buen nombre de esas fuerzas militares que pretendemos proteger".
En esta línea, también estuvo la representante a la Cámara Katherin Miranda, quien explicó que "el ministro pasará, el gobierno Duque terminará, pero ¿por eso vamos a arriesgar la imagen de nuestras fuerzas militares? Es momento que Botero dé un paso al costado".
Maria José Pizarro, perteneciente al partido Decentes, denunció que el Ministerio de Defensa no ha hecho una labor efectiva para atender la crisis humanitaria de los líderes sociales. Para Pizarro "tenemos una preocupación adicional, no se está cumpliendo con el programa integral de seguridad y protección a las comunidades y organizaciones en los territorios". Afirmó que los circuitos de seguridad han sido defectuosos para proteger a las comunidades, y dijo que "los componentes del Ministerio de Defensa en estos programas no se están cumpliendo".
Pizarro denunció que la cartera ministerial tampoco ha establecido protección para los miembros del partido Decentes y Colombia Humana, y afirmó que "la situación de amenaza contra los miembros de los partidos de oposición aumentan en época electoral".
El mal manejo de situaciones de crisis y las políticas de evaluación de resultados operacionales también fueron criticadas por los partidos de oposición fueron el eje argumentativo de Juanita Goebertus, miembro de Alianza Verde.
"El objetivo del Ejército es proteger a la población civil, no es matar gente (...) no podemos permitir que las políticas que usted ha realizado pongan en riesgo la legitimidad de las Fuerzas Armadas", argumentó Goebertus, quien alegó que Botero está incumpliendo una de sus principales funciones dentro del cargo: la protección de los derechos humanos.
Goebertus denunció que el Minsterio de Defensa ha impulsado seis políticas para vulnerar a los derechos humanos. La primera que señaló fue negar la existencia del conflicto armado en Colombia, "esto genera un gravísimo riesgo para la seguridad jurídica de los miembros de la fuerza pública". La segunda política es la reducción de certeza en las operaciones militares, donde se redujo de 85% a 60% de certeza.
La tercera política es establecer indicadores basados en los días sin combatir, donde se exigió que se reduzcan el número de días sin combatir. La cuarta política fue el formato para aumentar los números de bajas en combate, Goebertus dijo que "el propio general Nicacio aseguró que estas políticas fueron conocidas por el Ministerio de Defensa".
La quinta política denunciada fue la no aplicación de la directiva 300-28, la directiva que había obligado poder privilegiar las desmovilizaciones sobre las bajas en combate. "Es muy grave, porque se cambiaron los indicadores, generando una acción sobre los combates", dijo Goebertus.
El sexto punto fue la elección de seis generales que están siendo investigados por los hechos de ejecuciones extrajudiciales. "Lo mínimo como garantía a la institucionalidad es que esos generales no estén en las jurisdicciones donde están investigando sus relaciones con falsos positivos", afirmó la representante al finalizar su intervención.
Para seguir el debate en vivo puede acceder a la siguiente transmisión:
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