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Colprensa martes, 17 de abril de 2012

En manos de la Contraloría General de la República volvió a quedar la competencia para investigar la responsabilidad fiscal de los magistrados del Consejo Superior de la Judicatura por el escándalo del ‘carrusel de las pensiones’.

Lo anterior, luego de que la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado emitiera un fallo en el cual ratifica la competencia de la Contraloría para investigar fiscalmente a los magistrados, dejando claro, de paso, que la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes no tiene la competencia necesaria para adelantar este tipo de procesos a los aforados, en los cuales está incluido el presidente de la República, así como el Fiscal General de la Nación.

De acuerdo con el presidente del Consejo de Estado, el magistrado Gustavo Gómez Aranguren, la Contraloría es el órgano constitucional y legal para hacer ese tipo de averiguaciones y la responsabilidad por hechos que pueden tener connotaciones, por lo que no existe funcionario público que sea inmune a estas responsabilidades.

'Acá quedó claro que la actividad de control fiscal es una actividad administrativa y por orden constitucional radicada en el órgano de control fiscal que es la Contraloría', sostuvo.

Según el abogado y analista Ignacio Cantillo, la decisión del alto tribunal vuelve a darle seguridad jurídica a un tema, que por decisión de los conjueces, había sido objeto de duda e incertidumbre.

'La medida produce unos efectos positivos, dado que la Contraloría retoma las riendas de los procesos para determinar si en el 'carrusel de las pensiones' hay responsabilidad fiscal, lo cual genera un clima más favorable para todas las decisiones',sostuvo Cantillo.

Por su parte, el constitucionalista Luis Hernández asegura que el fallo del alto tribunal vuelve a poner estas competencias en su lugar, toda vez que los conjueces habían extendido la teoría del fuero más allá del ámbito sancionatorio para llevarlo a temas administrativos.

'La decisión del Consejo de Estado está redireccionando un tema que en la Constitución está claro y es que solo hay fuero para los temas sancionatorios. La competencia no se podía ampliar de forma acalorada', dijo Hernández.

Entre tanto, la contralora Sandra Morelli se pronunció sobre el fallo y dijo que aunque este pudiera resultar molesto, la Comisión de Acusaciones deberá acatarlo, devolviendo, lo más pronto posible, los expedientes del proceso de responsabilidad fiscal que se adelanta en contra de los magistrados del Consejo Superior de la Judicatura. Incluso, Morelli aseguró que no descarta entablar acciones legales, de cumplimiento,tutela e incluso una acción disciplinaria ante la Procuraduría si la Comisión no entrega de manera pronta los procesos.

Sin embargo, pese a que Gómez Aranguren advirtió que el fallo es de obligatorio cumplimiento, el presidente de la Comisión de Acusación e Investigación de la Cámara de Representantes, Germán Blanco, aseguró que deben aclararse las posiciones encontradas en derecho, por lo cual la célula investigativa se reunirá hoy con la mesa directiva de la Comisión para tomar una decisión al respecto. Entre tanto, el magistrado de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, Ovidio Claros, fue designado como ponente de la tutela interpuesta por Germán Calderón en contra la Sala de Conjueces, en la cual se sostenía que la contralora Morelli no tenía las competencias para adelantar las investigaciones. Ante el hecho, se espera que Claros se declare impedido dentro de la investigación sobre el 'carrusel de las pensiones'. Blanco aseguró que esperarán la decisión de la Corte Constitucional sobre la acción de tutela.

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