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Colprensa jueves, 21 de febrero de 2019

La ministra de Justicia, Gloría María Borrero, se pronunció sobre las amenazas que se vienen presentando contra los jueces y fiscales en el país.

Aseguró que las autoridades y las comunidades tienen que proteger la vida e integridad de estos funcionarios de justicia.

“No podemos permitir que sigan intimidando a nuestros jueces y fiscales. Como ministra de Justicia repudio este tipo de acciones encaminadas a impedir que quienes imparten justicia aplicando el derecho puedan cumplir con su labor de manera libre y responsable”, indicó Borrero, al conocerse el atentado contra el juez municipal de Cali, Jorge Ospina Tamayo.

De acuerdo con la jefe de la cartera de Justicia, se van a instalar unas mesas de trabajo para analizar las amenazas que se vienen dando contra los funcionarios de la rama con el objetivo de generar una articulación entre la Policía Nacional, la Unidad Nacional de Protección, la Fiscalía, el Consejo Superior de la Judicatura y los consejos seccionales, para definir los riesgos de cada región y el plan de trabajo pertinente para brindar protección a los funcionarios.

“Hicimos la primera mesa en Montería y muy pronto la llevaremos al Valle del Cauca y a Antioquia para trabajar de manera articulada con el fin de que estos actores del sistema judicial, que juegan un papel fundamental en cualquier sociedad organizada, puedan realizar su trabajo sin ningún tipo de impedimento. Tenemos que permitir que opere la legalidad en los territorios”, indicó Borrero.

Este pronunciamiento se conoce luego del atentado que sufrió en Cali el juez Ospina Tamayo, quien se recupera de las heridas en la clínica Nuestra Señora de Los Remedios luego de recibir dos disparos por parte de delincuentes que se movilizaban en una moto.

Este atentado se suma a las amenazas que, según Asonal Judicial, han sufrido de manera permanente durante los últimos meses seis jueces de la República en diferentes regiones de Antioquia. El caso más reciente tuvo lugar en el municipio de Bello, donde a una funcionaria le dieron 48 horas para abandonar el municipio luego de adelantar procesos contra presuntos delincuentes.

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