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María Alejandra Solano Vargas - msolano@larepublica.com.co miércoles, 25 de septiembre de 2019

El proyecto no contaría con la información completa

Uno de los apartados de la Ley de Modernización del sector TIC (1978 de 2019) plantea que se debe promover la inversión y la certidumbre de las condiciones en los procesos de subastas, sin embargo, algunos operadores sienten que no hay información suficiente para cumplir con este propósito cuando se trata de la subasta del espectro.

Este plan, que inició hace un tiempo, parece no cumplir con las garantías de los principales actores, quienes exigen transparencia, asignación total del espectro, equilibrio en la información y mejores plazos de pago. Aquella incertidumbre ha conllevado a que algunos operadores no descarten que pueda haber demandas en un futuro, si el proyecto con modificaciones no incluye todos esos aspectos y se subasta en diciembre con las condiciones actuales.

“Este parece un escenario posible, si los resultados de la subasta generaran inequidad, desigualdad y se dan en un espacio donde el campo de juego no está equilibrado para todos los operadores”, dijo al respecto, Ignacio Román, CEO de Avantel.

Los directivos de Telefónica respondieron en esta misma línea, pues creen que hay inseguridad jurídica para la participación en la subasta puesto que no ven transparencia en el proceso.

“¿De qué manera nos podemos preparar para ir a la subasta del espectro si aún no tenemos todos los elementos necesarios para realizarla?”, aseguró Natalia Guerra, directora de Asuntos Corporativos de Telefónica Colombia.

Sin embargo, no todos piensan igual. Para Claro, el borrador de condiciones publicado por el Ministerio TIC sí se ajusta a los principios rectores establecidos en la Ley 1978 de 2019, y, por lo tanto, el documento sí genera seguridad jurídica para los interesados.

“Si los operadores realmente tienen vocación de invertir y competir en el mercado de telecomunicaciones, deben aprovechar el entorno y las condiciones generadas tanto por la reciente aprobación de la Ley de modernización del sector como por la publicación del borrador de condiciones para la subasta de espectro”, aclaró la compañía en un documento entregado a este diario.

LOS CONTRASTES

  • Ignacio RománCEO de Avantel

    “Actualmente sí hay inseguridad jurídica bajo el draft actual, porque no se conocen muchos parámetros fundamentales como el precio base del espectro y la cantidad total de espectro a subastar”.

En lo que sí concuerda Claro con el resto de operadores es en que considera que existen puntos que deben ser aclarados o ajustados, incluyendo la revelación de toda la información necesaria para preparar la participación en la subasta.

Uno de los mayores problemas que refieren los operadores en general a este respecto es que no hay información exacta sobre cuáles son los sitios a los que el Gobierno aspira que se llegue, y así, los operadores no pueden hacer el cálculo apropiado de cuánto les costaría estar en la subasta.

“Lo que más nos preocupa es esa falta de certeza sobre si se va a entregar o no todo el espectro. Al ser la metodología de la subasta secuencial, es decir, bloque por bloque, no se puede saber si van a continuar dando todo el espectro disponible y puede llegar a que deje a los operadores solo con un bloque de 10 en la banda de 700 MHZ, que es insuficiente para poder aprovecharla”, explicó Natalia Guerra.

En esta medida, un estudio preparado por la consultora internacional Nera, a solicitud de Telefónica Colombia, muestra que: las pérdidas anuales por no asignar un bloque en la banda de 700 MHz podrían llegar a US$425 millones hasta US$1.750 millones sobre el PIB y entre US$50 millones y US$175 millones en el excedente del consumidor.

Otro de los aspectos que les preocupa a los operadores son las condiciones en las que participa Claro. Dado que a pesar de que ni en el mercado de datos móviles, ni en el mercado de servicios móviles se ha constatado la existencia de dominancia de ningún operador, es evidente el tamaño del mercado de este competidor, y existe la sospecha por parte de los otros operadores de que este proceso de subasta pueda acrecentar el tamaño del mercado que ya tiene Claro, porque la empresa tendrá mayor capacidad en sus redes y mayor cobertura para capturar clientes a menos costo.

Para Telefónica, por ejemplo, en estas condiciones, Claro podría mejorar cualquier oferta que puedan presentar los competidores. Así pues, lo que piden es que se tome el modelo de la subasta que se realizó en 2013 para 4G, es decir, que se establezcan operaciones diferenciales por tamaño de mercado.

“Necesitamos que haya unas condiciones claras en términos de dominancia”, agregó Natalia Guerra. Por su parte, Ignacio Román aseguró que “no hay ninguna medida en la subasta o en el proyecto que corrija la dominancia o que establezca condiciones diferenciales para evitar la actual falla del mercado”.

En este aspecto, Claro cree que el acaparamiento de espectro “no es un riesgo en nuestro país, en la medida en que la ley contempla topes de espectro que no pueden ser rebasados por ningún operador”.

Por último, los operadores aseguran que el plazo de pago no es igualitario: el Gobierno ofrece condiciones favorables para operadores de bandas más bajas, que tienen mayor plazo de pago en comparación con operadores de bandas altas que tienen plazos  de pagos más reducidos, con el agravante de que la inversión en el sector se ha visto afectada durante los últimos tres años.

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