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Juliana Ramírez Prado - jramirez@larepublica.com.co jueves, 1 de septiembre de 2016

Según la entidad que lidera Alexander Vega, los partidos políticos podrán usar sus logos en las campañas, pero no incluir propaganda de algún candidato.

Aunque los funcionarios públicos podrán hacer campaña,  está prohibido usar recursos públicos. Tampoco están autorizados para suspender sus actividades laborales de manera injustificada, a menos de que exista una autorización para que haga campaña en horas laborales con la condición de que se repondrá el tiempo utilizado.

El CNE determinó que habrá libertad de comités de campañas, es decir, podrá haber varios comités que promuevan el sí y el no, con el objetivo de que el mecanismo sea participativo.

En este orden de ideas, será posible tres tipos de comités: nacional, departamental y municipal. Los topes de financiación serán los mismos establecidos en la resolución 076, es decir, para el primero será $3.920 millones, el segundo será de $1.045 millones y el tercero llegará hasta $261 millones.

Cabe precisar que los montos podrán ser usados por cada comité y no tendrán que dividirse por la totalidad de cada campaña.

Vega indicó que cada comité deberá inscribirse ante las registradurías y solo los comités del orden nacional deberán hacerlo ante el CNE.

Ambas campañas tendrán acceso a medios en igualdad de condiciones. Por esto se creará tribunales de garantías y las comisiones de Observación de Equilibrio Informativo, en los que los medios de comunicación tendrán que reportar las pautas hechas por el sí y el no.

“El seguimiento y el equilibrio informativo se va a dar con que los medios de comunicación reporten cada ocho días el tema de la pauta publicitaria. Esto con el objetivo de que el Consejo Nacional Electoral vele por el equilibrio informativo”, aseguró Vega.

Respecto a las encuestas, las cuales se podrán publicarse hasta el martes anterior de la votación, será obligación que realicen una muestra de mínimo 1.000 personas. En caso de incumplir , las firmas encuestadoras podrían  tener sanciones  que van de 25 y 40 salarios mínimos legales vigentes.

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