Petro firmó designación de la superintendente Rusinque como ministra de Justicia encargada
La designación se hizo oficial con la firma del decreto 0741 en la que se acepta la renuncia y se decreta el encargo constitucional
14 de julio de 2026
La superintendente Cielo Rusinque asumirá como ministra de Justicia tras salida de Cuervo
El jueves pasado se conoció que la actual superintendente de Industria y Comercio, Cielo Rusinque, asumirá la dirección del ministerio de Justicia en reemplazo de Jorge Iván Cuervo, a quien el presidente, Gustavo Petro, le pidió la renuncia, por su posiciones frente a temas como la paz total y el llamado a la desobediencia civil del senador Iván Cepeda.
En la mañana del martes 14 de julio, esta designación se hizo oficial con la firma del decreto 0741 en la que se acepta la renuncia y se decreta el encargo constitucional.
Se espera que se posesione en el cargo en los próximos días y se dé el empalme con Iván Cancino, el ministro de Justicia designado por Abelardo De La Espriella.
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Rusinque regresó hace un par de meses al cargo de superintendente, luego de que el Consejo de Estado tumbara su designación, pero el gobierno decidiera volver a nombrarla en la entidad. Cuervo estuvo en el cargo menos de cinco meses, luego de reemplazar a Eduardo Montealegre, que también duró poco al frente de ese despacho.
Salida de Cuervo
"Se debió tener un marco jurídico desde el primer momento del inicio de la negociación, porque eso generó incertidumbres. Incluso esta incertidumbre permanece hoy en las distintas mesas de negociación. La falta de un marco jurídico afectó las negociaciones”, fueron las declaraciones del exministro Cuervo previo a su salida del cargo.
Además, criticó que se le diera un estatus de negociación política a las disidencias, porque “eso violó el Acuerdo de Paz. Haberles dado estatus político a los disidentes de las Farc no fue una buena decisión; eso generó muchísimos problemas”.
También reconoció fallas en la negociación con las disidencias de alias "Calarcá", al insistir en que el Ejecutivo no habría fijado "líneas rojas" claras, como la prohibición del reclutamiento de menores, los ataques a comunidades y los asesinatos de líderes sociales.
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