Petro pidió a la Fiscalía ser reconocido como víctima en el caso contra el fiscal Burgos

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La defensa del presidente Gustavo Petro remitió una solicitud a la fiscal quinta delegada ante la Corte Suprema de Justicia, para que lo reconozca como víctima especial con enfoque diferencial dentro del proceso penal que se adelanta, desde marzo de 2023, contra el fiscal Mario Burgos, por prevaricato.

"La argumentación aquí presentada demuestra que el proceso no obedeció a un desarrollo autónomo y técnico de la fundación investigativa de la Fiscalía, sino que constituyó un fraude procesal estructural, diseñado y ejecutado con la finalidad desviada de afectar la investidura presidencial y presionar indebidamente al jefe de Estado", se lee en su comunicado.

También explicó los hechos que justifican estas irregularidades: la publicación anticipada de material reservado en Revista Semana, recibido directamente de Dayssuris Vásquez y difundido por Vicky Dávila; y la diligencia irregular del fiscal Álvaro Betancur Barahona, "materialmente imposible como reacción espontánea a la nota periodística, lo que revela coordinación previa y artificio procesal", según explicó.

Sumado a esto, aseguró que el desarrollo procesal fue interrumpido por la creación del grupo de tareas especiales, sin motivación técnica y con irregularidades en el Registro del Código Único de Investigación, "reflejo de un afán persecutorio más que investigativo"; y la asignación del caso a la vicefiscal Martha Mancera, pese a algunos señalamientos en su contra por posibles vínculos con redes de narcotráfico.

Luego, la defensa señaló que basa su solicitud en la intervención del fiscal Mario Andrés Burgos, quien consolidó pruebas ilícitas e indagó a Nicolás Petro sobre el Presidente, "careciendo de competencia constitucional para ello"; así como el uso electoral de material reservado en 2025, cuando Dávila, ya siendo precandidata, reactivó las filtraciones y manipulaciones probatorias, de la mano de Vásquez.

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"Estos hechos, analizados bajo la Constitución, la Ley 906 de 2004, y la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, configuran un fraude procesal pluriofensivo: no solo lesionaron los derechos del procesado Nicolás Petro, sino que afectaron directamente la dignidad, honra, intimidad y estabilidad institucional del Presidente de la República", reiteraron.