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Judicial

Piden investigar a la directora de Bomberos por incumplir atención de la ola invernal

Lourdes Socorro Peña habría incumplido la ejecución de una urgencia manifiesta para hacerle frente a los estragos del fenómeno de El Niño

28 de noviembre de 2024

Carlos Jaramillo Palacio


Carros de Bomberos
Bomberos de Cali
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En momentos en que el país afronta una crisis por la ola invernal que afecta gran parte del país, la Procuraduría General de la Nación, evalúa una demanda que se presentó en contra de la directora de la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Bomberos, Lourdes Socorro Peña, porque incumplió la ejecución de una urgencia manifiesta que había autorizado el gobierno nacional para hacerle frente a los estragos del fenómeno de El Niño y por lo que los cuerpos de bomberos requerían dotaciones especiales.

Así se expresa en una solicitud de demanda que se presentó ante el Ministerio Público, el pasado cinco de noviembre y que está en reparto, por parte Javier Orlando Morales, quien hace parte de la Veeduría Ciudadana Bomberos, en donde asegura que la directora incumplió la ejecución de la urgencia manifiesta que por más de $30 mil millones había sido autorizada en el Decreto 0037 del 27 de enero de 2024 con el cual se declaró la situación de desastre natural en el territorio nacional.

De acuerdo con el demandante “la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Bomberos expidió la Resolución N° 059 del 12 de marzo 2024, por medio de la cual declara la Urgencia Manifiesta, generando curiosidad que esta haya sido expedida casi dos meses después de decretada por parte del Gobierno Nacional la situación de Desastre Nacional ocasionado por el Fenómeno del Niño”.

Incluso la queja disciplinaria va más allá, pese a que la resolución es del 12 de marzo 2024 para declarar la urgencia manifiesta, la Unidad de Bomberos tan solo suscribió hasta el 16 de abril de 2024 bajo la modalidad de contratación Directa un total de cinco contratos por $30.276.200.635.

En el sustento, que es estudiado por la Procuraduría Segunda Distrital de Instrucción, se resalta que los contratos iniciaron un mes y medio después de declarada la urgencia manifiesta por parte de la Dirección Nacional de Bomberos.

“Se debe tener presente que el fin de la declaratoria de la urgencia manifiesta, recae en la necesidad de la inmediatez en la contratación, razón por la cual puede procederse directamente a la suscripción de contratos, prescindiéndose de acudir a la licitación pública o a cualquier otra modalidad de selección”, destaca el demandante Morales.

Indica el veedor que “la entidad a partir de la declaratoria de la urgencia manifiesta y el inicio de los contratos, contó con el tiempo suficiente para adelantar el proceso de selección correspondiente de acuerdo a los tiempos perentorios establecidos en el Decreto 1082 de 2015. Transcurrieron un total de 45 días entre la declaratoria de la urgencia manifiesta y el inicio de los contratos suscritos en virtud de esta, desconociendo la finalidad de inmediatez de la declaratoria de urgencia manifiesta”.

Resalta en su demanda ante la Procuraduría que “al verificar en la plataforma SECOP II cada uno de los contratos suscritos se evidencia que la Dirección de Bomberos solamente publicó la minuta contractual, no se encuentra un documento alguno que permita verificar la idoneidad de los contratistas, no se realizó una comparación de precios de mercado, no se encuentra la oferta de precios y condiciones de entrega presentada por los contratistas, violando con esto el principio de selección objetiva que debe ser aplicado por todas la entidades estatales sin importar la modalidad de selección. Adicionalmente no reposan informes de supervisión y/o acta de recibo a satisfacción de los bienes, ni actas de entrega de los equipos especializados y vehículos a los Cuerpos de Bomberos del País, evidenciándose que no se cumplió con la finalidad de la declaratoria de la urgencia”.

Finalmente asevera Morales que “es claro que la Dirección Nacional de Bomberos utilizó la figura de la urgencia manifiesta con el único fin de evadir la modalidad de selección de licitación pública”. De acuerdo la Procuraduría, la provincial de Bogotá aún está en la evaluación de aceptar o rechazar la demanda.

*Con información de Colprensa

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