Colprensa Miércoles, 18 de diciembre de 2013

En medio del debate que ha surgido acerca de las funciones de la Procuraduría General de Nación, la Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ) consideró que es necesario eliminar la participación del ministerio público en los procesos penales.

La CEJ considera que esta intervención es prescindible en un sistema como el penal acusatorio ya que el rol de la entidad “es demasiado amplio y su intervención puede generar actuaciones contradictorias en un mismo proceso, pues tiene la potestad de defender al mismo tiempo los derechos del imputado, de las víctimas, y de la sociedad”.

De acuerdo con la Corporación, si existe la Fiscalía General de la Nación, los jueces de garantías y la defensa pública, la Procuraduría sobra.

“En la práctica, de nada sirve que el delegado de la Procuraduría piense que no se debería imputar, o que el delito realmente cometido es diverso de aquel por el que se imputa o acusa, pues la definición de cuándo se imputa y por qué delito se hace corresponde sólo a la Fiscalía”, señaló la CEJ.

El hecho de que el ministerio público pueda insistir a lo largo del proceso en hacer valer unos puntos de vista diversos de los de la Fiscalía o la misma defensa, según la CEJ puede llevar en la práctica a que a través de sus solicitudes de pruebas, de su participación en la práctica de las mismas o de su intervención, terminen entorpeciendo el proceso.

“Los funcionarios que actualmente cumplen con el papel del ministerio público, y de los cuales es reconocida su buena preparación en el Sistema Penal Acusatorio, podrían entrar a fortalecer la planta de la Fiscalía General de la Nación”, afirmó la Corporación.

Con lo mencionado por la CEJ, se estaría buscando la intervención de la Procuraduría debido a que la Fiscalía tiene la capacidad de hacerlo sola.