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  • José David Castilla

viernes, 22 de marzo de 2019

Según el Ministerio Público, Ashton habría cometido una falta gravísima que lo inhabilitaría para contratar con el Estado.

La Procuraduría extendió pliego de cargos para involucrar disciplinariamente a Álvaro Ashton en una investigación sobre el denominado Cartel de la Toga.

Según el ministerio público, "Entre el 5 de noviembre de 2013 y mayo de 2014, al parecer ofreció, a través de Francisco Ricaurte, y posteriormente, aparentemente, dio por intermedio de Luis Gustavo Moreno aproximadamente $600 millones con el fin de que se dilatara el trámite del proceso por ‘parapolítica’ y se emitiera decisión de archivo, actuaciones o decisiones que podían afectar su condición de senador”.

La conducta que se le imputó por estos hechos es una falta disciplinaria gravísima a título de dolo que podría inhabilitarlo por 15 años en el ejercicio de funciones públicas.

También fue negada por parte de la Procuraduría la solicitud que hizo Ashton para que su caso sea estudiado por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

El argumento de la defensa de Ashton para ser incluído en la JEP es que su caso está enmarcado en uno de los capítulos más complejos del conflicto armado: la parapolítica.

Esta solicitud se encontraba amparada en el hecho de que Ashton habría utilizado grupos paramilitares para llegar al Senado de la República en el cuatrienio 2006-2010. La investigación contra este exparlamentario se relaciona con los casos de parapolítica, donde se pudo demostrar que una serie de senadores utilizaron el apoyo de grupos paramilitares para ocupar curules en el legislativo durante los períodos presidenciales de Álvaro Uribe Vélez.

Sin embargo, la Procuraduría desestimó esta solicitud y aseguró que Ashton realizó sobornos a distintos magistrados y fiscales para frenar las investigaciones que pesan contra él en la Corte Suprema de Justicia. Según el Ministerio Público, esto no se encuentra relacionado con ninguna artista del conflicto armado, razón por la cual no puede ser incluído en el tribunal transicional.

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