Policía incautó ocho celulares fuera del que pertenecía al joven que disparó a Miguel Uribe

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La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón, y el director de la Policía Nacional, el mayor general Carlos Fernando Triana Beltrán, entregaron un informe sobre los avances de la investigación por el atentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, perpetrado el pasado 7 de junio en el occidente de Bogotá.

Dentro de la información recopilada, el ente de control señaló que el material probatorio, las evidencias y la información legalmente obtenida, corresponde a un total de 17 días de trabajo articulado con el que se pudo llevar a cabo la judicialización de cuatro responsables en el atentado.

El primero de ellos fue Carlos Eduardo Mora González, quien se encargó de la logística en el lugar y facilitó un vehículo en el cual transportó a los encargados de pasarle el arma de fuego al adolescente que perpetuó el ataque.

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Katherine Andrea Martínez Martínez, fue acusada de trasladar y entregar la pistola tipo Glock al adolescente en cuestión y asegurarse de que el ataque se llevara a cabo; William Fernando González Cruz, fue señalado como presunto responsable de llevar a cabo la planeación, ubicación y selección del menor de edad que disparó contra el senador, además se le responsabilizó facilitar la fuga de los demás involucrados en la acción delictiva.

La Fiscalía aseguró que a los involucrados en estos hechos se les imputó el delito por homicidio agravado en grado de tentativa; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, uso de menores de edad en la comisión de delitos, y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio.

La imputación jurídica de la conducta, que corresponde al delito de homicidio en modalidad de tentativa, tiene una causal de agravación que es la que contempla el numeral cuarto del inciso segundo del artículo 104 del Código Penal, que es ser defensor de derechos humanos, periodista, servidor público y/o miembro de una organización política. En este caso, el agravante expuesto en audiencia por los fiscales radica en la calidad de integrante de una colectividad política del precandidato Uribe Turbay en el momento del atentado.

“Eso tiene también sustento en otro aspecto, y es que nosotros no tenemos evidencia alguna de un móvil distinto”, explicó la Fiscal General.

Acción investigativa

Tanto la Fiscalía como la Policía Nacional realizaron la verificación de 89 cámaras de seguridad, ocho interrogatorios, 43 entrevistas a testigos, siete diligencias de registro y allanamiento, 51 búsquedas selectivas de bases de datos, tres perfiles criminales, tres retratos hablados, entre otras actividades, para avanzar en la individualización de los determinadores del hecho.

También se llevó a cabo la incautación de ocho teléfonos celulares, luego de que en uno de ellos, que perteneció al adolescente que disparó contra el precandidato presidencial se encontraron rastros gráficos como imágenes del alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán Pachón, y de la Fiscal General de la Nación.

Expertos en informática forense anotaron que los registros preliminarmente analizados fueron guardados de forma automática por la aplicación de noticias del buscador del celular.

"Esta herramienta descarga y guarda temporalmente fotografías y noticias recientes en una memoria interna rápida o memoria caché. El objetivo de este proceso es que estas publicaciones aparezcan cuando se abre la herramienta y sirva de sugerencia para el usuario", señaló el ente de control.

La investigación reveló que las imágenes, que corresponde a abril y mayo del presente año, indican que el poseedor del celular, el adolescente en este caso, no realizó búsquedas asociadas con las personas referidas.

"No se encontraron archivos de otro tipo como links, conversaciones o interacciones con otras personas, en las que se mencionara o se hablara del alcalde de Bogotá o la Fiscal General", aseguró Camargo.