Migración Colombia
viernes, 15 de marzo de 2024
El próximo 20 de marzo, el magistrado del Tribunal de Justicia y Paz de Bogotá, José Manuel Parra, tomaría decisión sobre su libertad
Por ahora, Salvatore Mancuso seguirá en la cárcel La Picota. Para el miércoles 20 de marzo se aplazó la decisión del magistrado del Tribunal de Justicia y Paz de Bogotá, José Manuel Parra, frente a la solicitud de levantamiento de 14 medidas de aseguramiento proferidas contra el exjefe paramilitar.
Y es que la delegada de la Fiscalía General y el Gobierno Nacional, representado por el Comisionado de Paz, insisten en el pedido de libertad a favor de Mancuso para que cuanto antes pueda asumir sus funciones como gestor de paz, misión asignada por el presidente, Gustavo Petro.
Ya el despacho de Control de Garantías de Justicia y Paz del Tribunal de Barranquilla le había negado, esta semana, la libertad solicitada por el Gobierno en el marco de su nombramiento como gestor de paz.
De acuerdo con el magistrado Carlos Andrés Pérez, la resolución con la que el Ejecutivo designó a Mancuso como gestor de paz es "inconstitucional", debido a que, si se aplicara, traería como "efecto práctico" un "indulto".
Pérez explicó en su momento que la norma que permite nombrar gestorías de paz se basa en beneficios que se pueden otorgar a miembros de grupos armados con los que se buscan acuerdos humanitarios, algo que no ocurre en este caso con Mancuso.
Es decir, para Justicia y Paz, Mancuso no puede basarse, en palabras del magistrado, en una alegada "supremacía" para interceder entre el Gobierno y los grupos que están conformados principalmente por reincidentes desmovilizados del paramilitarismo.
El magistrado, además, aseveró que el acto administrativo que eligió a Mancuso no está debidamente delimitado en términos de geografía, de deberes o del tiempo que tendría que cumplir el recién deportado a Colombia.
El órgano de justicia transicional concluyó que el Estado tiene el deber de investigar y juzgar las más graves violaciones de derechos humanos, por lo que la suspensión de medidas privativas de la libertad solo debe ser una acción excepcional y debidamente justificada.
Justicia y Paz de Barranquilla era la segunda parada en la justicia transicional para Salvatore Mancuso, debido a que ese tribunal le ha impuesto 33 medidas de aseguramiento que deben traducirse en una detención preventiva.
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