Por algo están pidiendo responsabilidad fiscal

Esta solicitud, si bien podría entenderse como racional en medio de una ralentización de la situación actual, va más allá y compromete a los eventuales magistrados, y a la Corte, a que tengan responsabilidad fiscal en sus fallos, ya que estos, en ocasiones, terminan afectando el erario  en la dualidad y en su clara obligación de velar por el cumplimiento de los derechos fundamentales de los colombianos.

Desde luego la independencia del Tribunal no debe estar en juego, y son ellos quienes deben hacer cumplir la carta magna del 91. Sin embargo, ya está sobre la mesa el debate sobre hasta qué punto sus sentencias y decisiones empiezan a golpear las finanzas del país. Sin ir más lejos, está el caso del pago retroactivo del salario a las madres comunitarias del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar que hablaba de cifras de $1,2 billones anuales. Además, están otros fallos particulares sobre la obligación de que las empresas le presten servicios públicos y de salud a ciudadanos que han dejado de pagar sus obligaciones. Incluso, a empresas mixtas o públicas.

Esto, así sea poco, significa que se abre la posibilidad a que algunos colombianos inescrupulosos se dejen colgar en sus pagos y después usen la tutela para su beneficio. Nadie niega que la Corte cumpla su mandato y obre de buena fe, pero por algo se está pidiendo responsabilidad fiscal en tiempos de petróleo barato.