• Daniel Rojas Castañeda

jueves, 23 de abril de 2020

Se ordenó que los comercios se abstuvieran de realizar conductas tendientes a la sustracción o retención de productos

La Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la resolución 18812 de 2020, ordena a propietarios de todas las tiendas del país cesar prácticas que vulneren los derechos de los consumidores.

La medida se tomó tras evidenciar que se han recibido 1.400 denuncias por parte de consumidores sobre posibles irregularidades en las tiendas del país, entre las que se encuentran: incremento de precios de la canasta familiar (92,39%); incremento de precios en tapabocas, antibacteriales o alcohol (5,78%) y otras como acaparamiento, restricción de acceso a establecimientos de comercio por no usar los elementos adecuados de bioseguridad.

De esta manera, tras la resolución se ordenó que de manera inmediata los comercios se abstuvieran de realizar conductas tendientes a la sustracción o retención de productos de primera necesidad, pero sin limitarse a alimentos y bebidas no alcohólicas, artículos de aseo personal o mantenimiento y otros elementos, con la finalidad de desabastecer el mercado o presionar el alza de precios. Retirar publicaciones que puedan inducir al engaño, informar al consumidor de forma visual el precio de venta al público.

El día de ayer durante la sesión, el superintendente, Andrés Barreto, había indicado que estaban adelantando investigaciones respectivas para evitar que se presente especulación con el precio de los alimentos.

“Vamos a emitir una orden a 1.400 comercios, tiendas, por estar violando el estatuto del consumidor en cuanto a información, productos que pueden y no pueden ofertar, tiempos de entrega y algunas otras obligaciones que tienen, sin perjuicio de que hemos adelantado las averiguaciones con la delegatura de competencia en lo que tiene que ver con agroinsumos y agroquímicos”, indicó Barreto.

También la resolución agrega que se tendrán en cuenta que el comerciante informe al consumidor de forma veraz, precisa y clara las restricciones sobre la adquisición de productos y que se adopten las medidas necesarias en los establecimientos de comercio, para dar cumplimento a las restricciones y medidas adoptadas por el Gobierno Nacional y las Autoridades Locales, con el fin de ofrecer a los consumidores condiciones de seguridad, entre otras disposiciones.

La SIC además invitó a los alcaldes municipales y distritales verifiquen el cumplimiento de las órdenes impartidas a través de visitas administrativas de inspección en los establecimientos de comercio y requieran a los propietarios de los establecimientos de comercio en donde presuntamente se estén cometiendo las infracciones para que recopilar la información necesaria que permita establecer si se están violando los derechos de los consumidores.