martes, 19 de febrero de 2019
Organizaciones defensoras de los derechos humanos piden la firma de la ley.
El presidente Iván Duque anunció que, pese a las observaciones y preocupaciones que manifestó previamente, no objetará la Ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
El mandatario afirmó que: “no voy a entrar a controversias con la Corte Constitucional, tengo una preocupación, pero desafortunadamente esa preocupación no es objetable porque salió del texto. A mí me parece que no le hace bien al país que delitos como la violación de niños puedan ser considerados, entre comillas, delitos del conflicto porque para mí no hay nada que justifique el atropello a un menor”.
Por otra parte, Duque anunció que presentará un proyecto de ley que excluya los delitos contra menores de edad de los crímenes que se encuentran conexos al conflicto armado. Dijo que esta iniciativa parte porque no tiene las facultades para objetar la Ley estatutaria por temas de fondo.
Según las disposiciones legales, el presidente cuenta con solo 20 días para estudiar el texto de la Ley estatutaria de la JEP. Las únicas facultades con las que cuenta el mandatario para objetar la norma versan sobre temas procedimentales.
Adicionalmente, 227 organizaciones defensoras de los derechos humanos se pronunciaron y le solicitaron al mandatario que firme con prontitud la norma estatutaria. Las organizaciones aseguraron que la aprobación de esta Ley es fundamental para la implementación del sistema de verdad, justicia, reparación y no repetición. También advirtieron que este texto es una piedra angular para la terminación del conflicto armado en el país.
Según la carta enviada por estas organizaciones, más de 13.465 comparecientes ante esta jurisdicción han firmado actas y han recibido beneficios punitivos gracias a sus aportaciones para conocer la verdad sobre el conflicto armado.
En la carta, aseguraron que “La sanción breve del Proyecto de Ley plantearía a la sociedad colombiana la posibilidad histórica de hacer justicia, esclarecer la verdad, reparar a las víctimas y, sobre todo, de facilitar la adopción de garantías de no repetición”.
Al debate también se sumó una serie de solicitudes que fueron radicadas en la Corte Constitucional para modificar esta Ley estatutaria. Aún queda mucho camino para la decisión que tome el presidente.
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