• Noelia Cigüenza Riaño

jueves, 27 de febrero de 2020

La justicia quiere dar el gran salto a la digitalización para que los ciudadanos puedan realizar actuaciones desde la comodidad de su celular

La justicia colombiana quiere dar el gran salto a la digitalización para que en un futuro cercano cualquier ciudadano pueda realizar desde cualquier parte del país actuaciones desde su celular y sin ningún tipo de barreras. En entrevista con Asuntos Legales, el procurador Fernando Carrillo, quien liderará hoy el foro “Digitalización por la Justicia” en el que también estarán presentes los principales representantes del sector, habló sobre los retos que imponen las nuevas tecnologías y el balance de la entidad el año pasado.

¿Cuáles son los retos de la digitalización del sistema judicial en Colombia?
Son grandes. El primero considero, tiene que ver con lograr una atención mejor para el ciudadano, a través de la tecnología. Hoy el mundo es digital, las experiencias internacionales así lo confirman; nuestra justicia no puede quedarse atrás.

Debemos llegar a cero papel; pero también a facilitar la gestión de nuestros jueces y funcionarios, a efecto que cumplan sus delicadas tareas en una plataforma que agilice su gestión. Tenemos que lograr mayor celeridad y transparencia en la administración de justicia. Así como contar con herramientas de inteligencia artificial que permitan monitorear las actuaciones ante la justicia, prevenir y formular mejoras estructurales, tanto en las normas como en los procedimientos.

Soñamos con una justicia digital, en la que cualquier ciudadano, en cualquier parte del país, pueda acceder, consultar y actuar para que sus derechos sean realizados. De la misma manera que hoy, a muy pocos se les ocurre hacer una cola para pagar un servicio público, gracias a esta revolución judicial, esperamos que sea posible realizar actuaciones ante la justicia desde un celular y sin barreras.

¿Qué balance hace de la gestión de la Procuraduría en 2019?
Es más que satisfactorio. Las cifras así lo corroboran: 2.133 fallos disciplinarios, 427 más que en 2018; 779 pliegos de cargos; 33 suspensiones provisionales; participamos en 164.342 audiencias en sede judicial y emitimos 192 conceptos de constitucionalidad. Se consolidó una Procuraduría Ciudadana, abierta al diálogo social y como lo indica la Constitución, facilitadora en los temas de paz y convivencia.

¿Cuánto dinero se defendió a través de las acciones de intervención de la Procuraduría?
Defendimos por acciones de intervención judicial $7,5 billones del patrimonio público. Igualmente, logramos la condena patrimonial más grande en América Latina para Odebrecht, por $715.000 millones, gracias a la acción popular que interpusimos. También defendimos $900.000 millones en 62 laudos arbitrales, $128.000 millones en 3.124 acuerdos por conciliación extrajudicial y $122.000 millones en acuerdos de conciliación en tribunales de arbitramento. En arreglos directos nuestra acción cubrió $656.000 millones. Hemos perseguido bienes de los corruptos como nunca se había hecho en la historia de la Procuraduría.

¿Cuánto dinero le cuesta la corrupción a Colombia cada año? ¿Cómo se podría atajar tanto del sector público como privado del país?
Los estudios no se ponen de acuerdo. La cifra pasa de $50 billones anuales, fácilmente 10 reformas tributarias, con los que podríamos combatir la inequidad e invertir en capital social. Nosotros vamos justamente a presentar en el proyecto de ley de probidad la propuesta de tasar los perjuicios causados por la corrupción, para que los responsables no solamente paguen con cárcel y sean expulsados del servicio público, sino que también resarzan el daño colectivo causado con sus conductas. Hoy más que nunca, la corrupción es una de las causas más claras de violación a los derechos humanos. La salud, la educación, el ambiente, el suelo rural están hoy bajo esa letal amenaza.

¿Qué sanciones específicas deberían tener las empresas que incurren en corrupción?
Como lo hemos repetido es necesario que Colombia se ponga a tono con la legislación internacional y adopte el régimen de responsabilidad penal para las personas jurídicas. También esta es una materia incluida en el proyecto de ley que tramitaremos ante el Congreso, y en la que estamos trabajando conjuntamente con la Fiscalía y la Contraloría. Jamás admitiremos que en Colombia ser pillo pague. La corrupción societaria y corporativa debe combatirse con herramientas más eficaces que defiendan el patrimonio público y le afecten el bolsillo a los corruptos.

¿Considera que se necesita una reforma a la justicia, qué cambios propondría?
Más que reformas a la cúpula de la rama judicial, para modificar los períodos, denominaciones o calidades de los magistrados, lo que Colombia necesita es que se garantice el acceso real y la oportunidad de justicia para los ciudadanos. Así nos lo han expresado los ciudadanos. Justicia en lo ambiental y agrario; justicia fortalecida de familia en todo el país; acceso para resolver las pequeñas causas; o justicia para formalizar la tierra, entre otros.

La Procuraduría le pidió al MinTIC suspender el otorgamiento del espectro, ¿qué dudas existen?
En curso de la actuación disciplinaria que se adelantó por la subasta del espectro, la Procuraduría solicitó al Ministerio suspender su trámite hasta tener claridad sobre el monto que recibiría el Estado por su uso y sobre la presunta falta de transparencia en el proceso. Aun cuando el Ministerio decidió continuar y hacer entrega del uso del espectro, la Procuraduría continúa con la investigación hasta esclarecer plenamente los hechos y las eventuales responsabilidades.

El fiscal Francisco Barbosa pidió al contralor y a usted no poder aspirar a
la Presidencia, ¿qué le parece esta propuesta?
Es una propuesta incorporada en el proyecto de reforma constitucional de la justicia que ha anunciado el Gobierno Nacional. El tema se discutió en 2015 y se hicieron propuestas similares el año anterior. No tengo reparos sobre ella; esperaremos el debate en el Congreso. Entre tanto, desde la Procuraduría seguiremos sancionando a quien haga política desde los cargos públicos. Les he dicho desde el primer día a los funcionarios de la PGN que quien quiera hacer política desde este organismo de control, que se largue, pues somos Ministerio Público y representamos los intereses de toda la sociedad. La Procuraduría no está al servicio de ningún partido ni debe estarlo en el futuro.

¿Qué medidas se deberían tomar en las regiones para la protección de
líderes sociales?
Lo esencial, comprometer la efectiva actuación de los mandatarios locales, primeros respondientes frente a la protección de nuestros líderes. Como se lo hemos dicho a gobernadores y alcaldes. Ellos, con la cooperación internacional, deberán además articular sus acciones, con las autoridades nacionales, que al unísono y con prioridad, deben reforzar sus tareas en esta materia. Implementar la política pública de protección, hacer efectiva la reingeniería de la UNP, consolidar esquemas colectivos de protección, que respeten la diversidad cultural y territorial; sensibilizar a la sociedad y fortalecer la acción de la justicia para lograr condenas ejemplarizantes a quienes matan a nuestros líderes. Tenemos que actuar con la lógica de un puesto de mando unificado, como lo hicimos en época de elecciones, para que en Colombia no haya un muerto más de nuestros líderes.