Procuraduría abre investigación disciplinaria a concejal por declaraciones sobre "bombardeos"
La entidad abrió la investigación para determinar si las declaraciones de Rodríguez se hicieron en el ejercicio de sus funciones
03 de julio de 2026
La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria al concejal Andrés Felipe Rodríguez por sus presuntas declaraciones emitidas el 23 de junio en el Concejo de Medellín. Con la investigación se buscaría determinar si las declaraciones se hicieron en el ejercicio de sus funciones y, asimismo, si estas constituyen una falta disciplinaria.
La entidad enfatizó que la investigación se limitará únicamente a lo ocurrido en esa sesión plenaria, lo que deja las otras quejas ciudadanas para otros procesos independientes.
El concejal Rodríguez habría sugerido presuntamente "bombardear" zonas del país según su comportamiento electoral. La acción de la Procuraduría se da luego de la solicitud formal elevada por el senador del Pacto Histórico Alex Flórez, quien calificó las declaraciones como una "incitación a la violencia".
Rodríguez planteó la idea de usar medidas de fuerza contra las zonas donde el excandidato presidencial Iván Cepeda y su fórmula vicepresidencial, Aida Quilcué, obtuvieron mayor votación, bajo el argumento de que "allá están los bandidos", en referencia a una presunta influencia de grupos armados ilegales en la votación de dichos territorios.
A la par de la acción de la Procuraduría, el senador Flórez y el representante a la Cámara Gabriel Becerra radicaron denuncias ante la Fiscalía General de la Nación por el presunto delito de hostigamiento agravado.
En el recurso judicial, los congresistas argumentaron la violación de principios constitucionales como el pluralismo y las garantías para la oposición, invocando además jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el deber del Estado de prevenir discursos de estigmatización.
Por su parte, la Defensoría del Pueblo emitió un rechazo institucional e instó formalmente al concejal a retractarse, al tiempo que remitió una petición a la Fiscalía para evaluar posibles conductas punibles como instigación a delinquir o amenazas colectivas, recordando que el fuero de elección popular no ampara la promoción de discursos de odio ni la delimitación de territorios como objetivos militares.
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