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Laura Vita Mesa - lvita@larepublica.com.co martes, 25 de agosto de 2020

El Ministerio Público señaló que el exmandatario está investigado por delitos comunes, no relacionados con el cargo de senador

La Procuraduría General de la Nación solicitó a la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia que remita el expediente del expresidente Álvaro Uribe a la Fiscalía, por considerar que al renunciar a su curul como senador la Corte perdió competencia para seguir el proceso que cursa en su contra por los presuntos delitos de soborno en la actuación penal y fraude procesal.

“El único escenario legítimo para la discusión y confrontación de las decisiones judiciales es el proceso mismo, acudiendo a los instrumentos que el debido proceso consagra, y a ninguno otro ajeno al mismo, por parte de las autoridades o de los ciudadanos. Todos los funcionarios públicos desde el Señor Presidente de la República hasta el más modesto de los servidores públicos deben respetar y cumplir las decisiones de la justicia, absteniéndose de cuestionar, desacatar o promover el incumplimiento de las mismas, sin interferir los principios de independencia y autonomía del poder judicial, básicos para un Estado que presuma ser de derecho”, dijo el procurador Fernando Carrillo.

En esa línea, el Ministerio Público resaltó que la renuncia de Uribe al Congreso sí implica la pérdida del fuero constitucional, por lo que la Corte Suprema solo mantiene su competencia en la investigación de procesos en los que los delitos presuntamente cometidos estén relacionados de forma directa con las funciones inherentes a un congresista. Al estar investigado por delitos comunes, para la entidad desparece la competencia de la Sala Especial de Instrucción en el proceso.

El ente de control estableció, en su análisis, que "la Sala no relacionó actuaciones desplegadas por el entonces senador dirigidas a consolidar un abuso de poder para controlar su liderazgo político, que pudiera tener incidencia en el caudal electoral o que diera paso a un acercamiento a las regiones de manera delictiva para consolidar su dominio y el posicionamiento en el cargo. Tampoco se demostró que hubiera utilizado servidores de su Unidad de Trabajo Legislativo –UTL–o que pusiera en peligro latente su actividad en el Congreso de la República".

"No hay prueba de que el doctor Uribe Vélez–con ocasión de los presuntos punibles en los que incurrió-, hubiere comportado un ejercicio abusivo de sus funciones o eficaz para acceder a la posición de poder; ello, pues téngase en cuenta: por un lado, que si no existe prueba siquiera sumaria de que el sindicado se hubiere valido o utilizado sus facultades como Senador para supuestamente cometer tales delitos, mucho menos obra alguna encaminada a demostrar que en la presunta comisión de los mismos se excedió o abusó de sus labores congresuales; y por el otro, se observa que los hechos ocurrieron en época ajena a campañas políticas o contiendas electorales –en tanto ya era Congresista para ese momento-, sin que pueda entonces evidenciarse relación entre estos y los objetivos de lograr una curul en el Senado de la República", agregó Carrillo.

Para el Ministerio Público, entonces, "la simple coincidencia temporal" de que los delitos presuntamente cometidos hubieran tenido lugar al tiempo que expresidente se desempeñaba también como senador, no es suficiente para que la Corte mantenga su competencia.

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