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viernes, 17 de abril de 2020

La entidad vigilará a los gobernadores y municipios para que promuevan medidas que garanticen el abastecimiento

La Procuraduría General de la Nación informó en un comunicado que a través del memorando 005 de marzo de 2020, la entidad designó a los procuradores Judiciales Agrarios y Ambientales para que a las comunidades campesinas se les garantice el derecho a ejercer sus actividades bajo condiciones de seguridad ante el Covid-19. Lo anterior significa que las personas con labores agrarias cuenten con implementos como guantes y tapabocas.

Los funcionarios se encargarán, además, de vigilar que a los campesinos mayores de 70 años les sean entregados los mínimos vitales, puesto que, por su edad, tienen restringida su circulación; su subsistencia depende enteramente de los ingresos obtenidos por sus actividades agrícolas.

Gobiernos locales, con el apoyo de las autoridades departamentales y nacionales, deben velar por un control de precios, además de evitar un acaparamiento de los alimentos y otros bienes necesarios para la atención de la emergencia.

Adicionalmente, los mandatarios deberán crear estrategias y promover los mercados locales, como los circuitos cortos de comercialización, para asegurar el suficiente abastecimiento a las comunidades. Los procuradores Judiciales Agrarios podrán asegurar el libre desplazamiento de los campesinos del país ante las autoridades locales y de la Policía.

Asimismo, vigilarán la adopción de medidas relacionadas con la bioseguridad en los procesos de producción, cosecha, poscosecha, acopio, distribución y comercialización. Los funcionarios tendrán la obligación de respetar las medidas de protección para evitar el contagio del virus y garantizar la seguridad de todos.

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