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Andrea del Pilar Mancera - amancera@larepublica.com.co jueves, 25 de abril de 2013

Ya terminó en la Procuraduría General de la Nación la etapa de recolección de material probatorio dentro de la investigación preliminar que se le adelanta al alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, por presuntas irregularidades en la ejecución del nuevo modelo de recolección de basuras en la ciudad.

Con esto, el Ministerio Público tiene 15 días para determinar si formula cargos o no en contra del mandatario distrital, según dispone la ley. Durante el proceso de investigación, no se obtuvo el testimonio del alcalde Petro. Este por su lado, aseguró en Twitter que no haberlo escuchado era “grave”.

Este jueves se conoció, además, que el abogado de Petro, Daniel Pardo, renunció por falta de garantías ante esa entidad por lo que en próximos días deberá ser reemplazado.

De otro lado, funcionarios de la entidad visitaron tres cárceles de Bogotá, atendiendo principalmente el gran número de población existente y las denuncias previamente conocidas sobre presuntas situaciones de vulneración a derechos fundamentales de los internos.

“Los derechos a la vida y la integridad personales presuntamente se lesionan y ponen en peligro por factores como la sobrepoblación carcelaria, la no distinción entre procesados y condenados, ni el reconocimiento de las diferencias entre ellos, por el delito cometido, su reincidencia o su condición mental o física”, concluyó la Procuraduría. Por disposición del procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, se constituyeron seis grupos de trabajo conformados por servidores de las procuradurías delegadas para el Ministerio Público en Asuntos Penales y Preventiva para los Derechos Humanos y Asuntos Étnicos; se adelantaron visitas a la reclusión de mujeres “El Buen Pastor”, el Establecimiento Carcelario “La Modelo” y el Establecimiento Penitenciario de Alta Mediana Seguridad y Carcelario - Eronde Bogotá Epamcas - Eron.

En el marco de estas acciones se establecieron las condiciones de salud, hacinamiento, alimentación, infraestructura física y humana y el cumplimiento de los trámites legales/judiciales por parte de las oficinas jurídicas en estos establecimientos penitenciarios de la capital.

Para el Ministerio Público subsiste una potencial vulneración de los derechos fundamentales que afecta a la población reclusa de los establecimientos visitados y a sus familias, que exigen la acción mancomunada de distintas entidades para solucionarlo, “por lo que persiste en los establecimientos de reclusión el ‘estado de cosas inconstitucional’ que fue determinado por la Corte Constitucional en la Sentencia T-153 de 1998”.

Las visitas realizadas permitieron evidenciar que derechos fundamentales de la población carcelaria visitada como la dignidad humana, la vida e integridad personal, la salud, la familia, el trabajo y la educación, entre otros, se ven posiblemente afectados por las precarias condiciones de reclusión en estas tres instituciones sin que la respuesta de las autoridades responsables sea eficiente ni oportuna.

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