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José David Castilla viernes, 11 de enero de 2019

Corte Constitucional está resolviendo una demanda sobre la ley que establece un examen obligatorio para estudiantes de derecho

La Procuraduría emitió un concepto favorable para que la Corte Constitucional declare exequible la ley que obliga a las facultades de derecho a establecer un examen obligatorio para que sus estudiantes puedan litigar.

Antes de que iniciara la vacancia judicial, el máximo órgano constitucional recibió una demanda contra la Ley 1905 de 2018, la cual estableció la creación de un examen habilitante como un nuevo requisito para que los estudiantes de derecho puedan obtener su tarjeta profesional.

La parte demandante consideró que este examen vulnera los principios de igualdad, el derecho a la educación y la autonomía universitaria. Tres preceptos constitucionales definidos en la carta magna.

Otro argumento que presentó la demandante fue que la norma no estableció un criterio claro para la evaluación, debido a que el mínimo de aprobación se centrará en la media nacional obtenida por los aspirantes a abogado. La demandante aseguró que “si en un examen se presentan estudiantes con mayor nivel y habilidades se incrementa el mínimo requerido para aprobar”. Por tal razón, aseguró que esto genera una diferenciación injustificada entre profesionales.

La Procuraduría se opuso rotundamente a la tesis de la demandante. El Ministerio Público aseguró que el legislador tiene libertad para establecer los requisitos que considere necesario para permitir el ejercicio de la profesión de abogado.

Valga recordar que, a diferencia de la gran mayoría de carreras, los estudiantes de derecho deben aprobar los exámenes preparatorios al final de su carrera, adicionalmente tienen que certificar unas horas en consultorios jurídicos y, en algunos casos, deben certificar tiempo como judicantes.

El rector de la facultad de derecho de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, Carlos Andrés Gómez, ve con buenos ojos la realización de esta clase de exámenes. “Este examen existe en muchos otros países y lo que debe hacer el Estado es que se garantice la idoneidad de las personas que van a ejercer la profesión”, dijo Gómez, quién explicó que la norma solo se aplicará para las personas que sean abogados con posterioridad a la vigencia de la ley.

Frente a las vulneraciones de la carta magna que esgrimió la demandante, Gómez dijo que “esta ley no desconoce ningún derecho fundamental, incluso, fue consultada y revisada por las facultades de derecho, y no creo que presente problemas de constitucionalidad”.

Esta iniciativa surgió desde que Yesid Reyes era Ministro de Justicia. Desde hace más de tres años, el sector público ha buscado endurecer los requisitos para que las personas puedan ejercer la profesión de abogado. Otro punto que está sobre la agenda es la revisión de los pensums académicos en las distintas facultades de derecho; un tema controversial.

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