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Colprensa miércoles, 2 de octubre de 2019

El procurador Carillo envió una carta al Ministerio del Trabajo para exponer la situación

Adoptar medidas urgentes para la protección integral de 5,8 millones de adultos mayores solicitó la Procuraduría a los ministerios del Trabajo, Hacienda y Salud, con el fin de garantizar sus derechos, que se encuentran en riesgo.

La solicitud la hizo el procurador Fernando Carrillo, por medio de una misiva enviada a la Ministra de Trabajo, Alicia Arango, en la cual señaló que es indispensable que se adelanten acciones frente al funcionamiento del Programa de Beneficios Económicos Periódicos (Beps), y advirtió que podría no ser viable ni sostenible a futuro.

En el documento, el jefe del Ministerio Público también alertó que el programa que busca ayudar económicamente a más de 582.000 adultos mayores que cumplieron con la edad de jubilación, pero no los requisitos de semanas o ahorro para lograr la pensión, solo ha beneficiado a 12.586 personas del total de la población, de los cuales 7.951 recibieron entre $30.000 y $100.000 bimensuales, como auxilio económico.

El ente de control también evidenció que, hasta abril de 2019, Colpensiones ha invertido más de $182.000 millones en gastos administrativos del Programa ‘BEPS’, de los cuales $48.835 millones han sido dirigidos a pagos de personal.

Para el Ministerio Público, las cifras resultan alarmantes dado que “existe una baja cobertura, barreras de acceso, un alto costo de inversión que no está directamente relacionado con el beneficio o impacto positivo para los adultos mayores, y no se evidencia un plan a futuro que pueda contribuir a su bienestar”.

Por esto, señalaron que “es necesario atender las realidades sociales de los más vulnerables y revisar las políticas de funcionamiento del Programa BEPS para garantizar los derechos de la población adulta mayor”.

Baja cobertura

El Ministerio Público también señaló que a la fecha hay más de dos millones de pensionados, pero que solo 66.137 se encuentran afiliados a una caja de compensación, lo que, a juicio de la Procuraduría, evidencia posible incumplimiento por parte de las entidades públicas responsables de promover la afiliación de los pensionados, pese a que los jubilados con mesadas inferiores a 1,5 salarios mínimos no deben pagar por su vinculación.

Por este hecho, el ente de control requirió a los ministerios del Trabajo y Hacienda el diseño de un proyecto estratégico para que las Cajas de Compensación Familiar, Colpensiones, la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (Ugpp), administradoras de pensiones, administradoras de riegos laborales, asociaciones de pensionados, y las superintendencias de Subsidio Familiar y Financiera, de manera mancomunada trabajen en pro del bienestar de los pensionados.

Para el órgano de control “se hace necesario establecer actividades que garanticen que los jubilados tengan acceso a los servicios sociales que ofrecen las cajas de compensación familiar, y que puedan disfrutar los programas educativos, culturales y recreativos que por ley deben brindar a los adultos mayores”.

El llamado a cuidar de los abuelos

La Procuraduría también solicitó al Ministerio de Salud implementar, monitorear y evaluar de manera urgente estrategias que garanticen la protección de los adultos mayores.

El Ministerio Público después de realizar visitas de carácter preventivo a los hospitales públicos de Bogotá estableció que se presentaron 114 casos de personas abandonadas en unidades de salud de la capital.

De acuerdo con los registros entregados por la Policía, en el primer semestre de 2019 se registraron 4.647 casos de violencia familiar contra adultos mayores y 3.812 reportes de lesiones personales.

Para el ente de control es indispensable que se realicen guías técnicas de promoción de la humanización, convivencia e integración social dirigidas a la prevención y protección de los adultos mayores en temas de abandono, violencia y vulneración de sus derechos.

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