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Johanna Celedón Oñate - jceledon@larepublica.com.co Martes, 4 de septiembre de 2012

La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos por presunto incumplimiento de sus deberes funcionales a Eduardo Verano De la Rosa y Alejandro Char Chaljub, en su condición de gobernador del departamento del Atlántico y alcalde del distrito de Barranquilla, respectivamente, para la época de los hechos.

La investigación en contra de los ex funcionario se hace por las posibles irregularidades derivadas al dejar de asistir a la reunión del Segundo Comité Territorial Conjunto Ampliado 2011, convocado para el día 20 de diciembre de ese año.

Los investigados, al parecer, desconocieron lo dispuesto en el artículo 20 del Decreto 1997 de 2009 que consagraba la asistencia obligatoria a dicha reunión. Además, el órgano de control explicó que los investigados estaban en la obligación no sólo de acatar estrictamente el ordenamiento jurídico sino que también tenían que garantizar la evaluación periódica de la política pública de asistencia a la población desplazada en esa sección del país.

Con base a esto, la Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa consideró que se trata de un presunto incumplimiento de los deberes funcionales, lo que calificó provisionalmente como falta grave cometida a título de dolo y por la que tendrán que responder ambos ex funcionarios.

Por otro lado, la Procuraduría General le solicitó a la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, un informe sobre las circunstancias en las que las autoridades policivas del archipiélago mataron a un cocodrilo.

Además, la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios ordenó realizar una visita a la Corporación Coralina, para obtener más información para determinar posteriormente si hay mérito disciplinario en las conductas de quienes dieron lugar a la muerte del animal, en las condiciones que conoció la opinión pública a través de los medios de comunicación.

Por esta razón, la entidad recordó a las autoridades ambientales del país que está vigente la Ley 84 de 1989, que prohibe la crueldad para con los animales, así como los artículos 249 a 252 del Código de Recursos Naturales, que establece los tipos de caza autorizados por la legislación colombiana.