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  • Juan Camilo Colorado

miércoles, 2 de agosto de 2023

La suspensión de la licitación para la fabricación, custodia y distribución de pasaportes fue un día antes del límite, el 31 de julio

La Procuraduría General de la Nación instó al Ministerio de Relaciones Exteriores a que explique el por qué de la suspensión de la licitación de contratos para la expedición de los pasaportes. Se presume que uno de los oferentes en la licitación interpuso una acción popular por la vulneración del derecho a la libre competencia.

Esta acción popular fue el motivo por el cual se suspendió la adjudicación de los contratos. Desde hace 16 años, Thomas Greg & Sons ha sido la empresa que se ha encargado de la fabricación, custodia y distribución de este documento; sin embargo, Cadena S.A estuvo también en el concurso por obtener la licitación pero se retiró porque denunció que habrían vicios para favorecer a la firma más antigua.

El comunicado del ministerio anunciando la suspensión del proceso licitatorio se dio justo un día antes de su fecha límite, el 31 de julio. Al respecto, el Ministerio Público exhortó a la Cancillería para que agilice esta diligencia y se garantice la expedición de los pasaportes.

Por otro lado, el secretario general de la Cancillería, José Antonio Salazar, informó que el contrato actual se extendió hasta el 2 de octubre para continuar con la prestación del servicio y aseguró que este servicio no se va a interrumpir.

"La decisión de la Cancillería de frenar la adjudicación genera inquietudes y gran preocupación a la Procuraduría que no encuentra soporte legal alguno para la suspensión decretada y menos cuando publica el informe de evaluación final una hora y 45 minutos antes de la suspensión", manifestó el Ministerio Público en un comunicado.

Al considerar que están en juego los derechos de los ciudadanos y la libre movilidad e identificación de estos al salir del país y en el exterior, el órgano de control exhortó al Ministerio de Relaciones Exteriores para que garantice la expedición de pasaportes y no se vaya a ver afectada o alterada la prestación del servicio.

Asimismo, la Procuraduría urgió a la Cancillería para que adopte medidas que resulten necesarias y eficaces para garantizar los derechos constitucionales de los colombianos de manera continua y sin interrupción alguna.​

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