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jueves, 28 de octubre de 2021

La jefe del Ministerio Público realizó este pliego de sugerencias en el marco de las elecciones presidenciales que se harán el próximo año

La Procuraduría General de la Nación, en cabeza de Margarita Cabello, hizo un pliego de diez recomendaciones con el cual buscan hacer un llamado para que los servidores públicos y aquellos privados que brindan sus servicios al Estado, sigan al pie de la letra las normas constitucionales que regulan su participación con partidos y movimientos políticos; esto, en el marco de las campañas electorales del próximo año.

Esta iniciativa pedagógica surge para que sea subsanado el vacío legal que dejó la no expedición de la ley estatutaria que reglamente el ejercicio de la actividad política por parte de los servidores públicos.

En primer lugar, recomienda que no se use la autoridad de la cuál están investidos para ponerla al servicio de una causa política, lo que ayudaría a mitigar la ‘mermelada’ en contratos públicos. Asimismo, es indispensable no presionar o determinar a los subalternos para que respalden alguna causa política, acto que no permitiría la transparencia en la autonomía política.

Por otra parte, la entidad recomendó evitar usar los elementos destinados al servicio público para hacer proselitismo y, además, no hacer uso de información reservada a la cual tengan acceso por razón de su cargo.

Dentro de las recomendaciones más importantes se encuentran la no contribución al financiamiento de partidos, campañas, o causa política, salvo las excepciones previstas para los miembros de las corporaciones públicas y la no difusión de propaganda electoral a favor o en contra de cualquier partido político a través de publicaciones y medios de comunicación.

Adicionalmente, la jefe del Ministerio Público solicitó no exonerarse del cumplimiento de sus deberes constitucionales y legales; y no disponer del tiempo de servicio de trabajo para gestionar actividades políticas.

Finalmente, es importante que no se ofrezca beneficios directos e indebidos para ciudadanos o comunidades para influir la intención de voto.

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