Procuraduría investiga a Olmedo López y exdirectivos de la Ungrd por un contrato de 2022

La Procuraduría General de la Nación inició una investigación disciplinaria dirigida al exdirector general de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Ungrd, Olmedo de Jesús López Martínez. El proceso administrativo parte de la identificación de presuntas inconsistencias relacionadas con el desarrollo de un contrato de servicios logísticos para la contingencia climática derivada del fenómeno de La Niña durante el periodo correspondiente al año 2022.

La medida de carácter institucional también vincula formalmente al exsubdirector para el Manejo de Desastres de la misma entidad, Sneyder Augusto Pinilla. De igual manera, se incluyó en las diligencias a Víctor Andrés Meza Galván, quien ejercía funciones como ex subdirector general y ordenador del gasto delegado para el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres en la época de los hechos señalados.

La Segunda Delegada para la Contratación Estatal lidera esta investigación con el propósito de examinar la etapa previa a la firma del documento contractual bilateral. La autoridad evalúa la existencia de posibles fallas en la estructuración, diseño y planeación de los compromisos adquiridos entre el organismo público y la contraparte ejecutora del servicio de logística.

El organismo de control enfoca sus busquedas en determinar la rigurosidad del estudio de mercado empleado para fijar las tarifas correspondientes. Se requiere establecer si el análisis de precios previo a la adjudicación del contrato cumple con los estándares exigidos de suficiencia técnica, razonamiento financiero y posibilidad de verificación independiente.

Además, el trámite administrativo busca comprobar la legalidad del proceso de selección del contratista asignado y sus condiciones de idoneidad.

La evaluación fiscalizará de igual forma si la supervisión estatal garantizó el cumplimiento físico de las obligaciones pactadas, la existencia de los soportes de recibo a satisfacción y la aprobación legal para el desembolso de los recursos públicos.