ejercito - Colprensa
jueves, 16 de febrero de 2023
Los oficiales de las Fuerzas Militares deberán responder por la operación realizada en Puerto Leguízamo, donde murieron 11 personas
La Procuraduría General de la Nación aseguró que seis altos oficiales de las Fuerzas Militares posiblemente estarían comprometidos en las irregularidades que se presentaron en la operación militar adelantada por el Ejército en Puerto Leguízamo, Putumayo, (vereda El Alto Remanso) el pasado 28 de marzo de 2022, en la que murieron 11 civiles.
El Ministerio público pudo establecer la responsabilidad de los militares con rango de general, por medio de pruebas y testimonios recaudados en la indagación previa sobre este hecho. Sin embargo, no entregó los nombres de los posibles implicados.
Ese lunes 28 de marzo del año pasado, el Ejército realizó dicha operación militar, asegurando que estaba dirigida contra presuntos guerrilleros pertenecientes a las disidencias de las Farc. Pero, las 11 personas que perdieron la vida eran civiles, entre ellos una autoridad indígena y campesinos, según varios testimonios, lo que podía catalogarse como un nuevo caso de “falsos positivos”.
La actuación disciplinaria de la Procuraduría fue remitida de la Delegada para los Derechos Humanos, a la Sala Disciplinaria de Instrucción, entre cuyas competencias está la de investigar oficiales militares con rango de generales de la República.
"Estos hallazgos se dan luego de que el Ministerio Público ejerciera poder preferente para conocer la indagación disciplinaria adelantada por el Batallón contra el Narcotráfico No. 3 el pasado 18 de abril de 2022 y solicitara la práctica de nuevas pruebas", manifestó la Procuraduría en un comunicado.
Posteriormente, y luego del análisis de dichas pruebas, el 21 de abril de 2022, la Procuraduría Delegada para los Derechos Humanos ordenó vincular a la indagación previa, varios miembros del Ejército que participaron en la mencionada operación.
Agregó que la entidad se articuló con la Fiscalía General de la Nación a través de la que se han realizado múltiples inspecciones a los procesos penal y disciplinario en curso, con el fin de recaudar la mayor cantidad de elementos materiales probatorios posibles.
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