Procurador Fernando Carrillo/ Colprensa

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Jonathan Toro - jtoro@larepublica.com.co viernes, 20 de noviembre de 2020

Nuevas medidas se dan luego de establecer que los condenados no han regresado al menos la mitad del dinero desviado en este caso

Luego de que el pasado viernes la Procuraduría General de la Nación lograra que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla revocara los beneficios por allanamiento a cargos de Edgar Rafael Piedrahita Hernández y Héctor Enrique Amarís Piñeres, procesados por enriquecimiento ilícito de particulares, administración desleal y falsedad en documento privado en el caso Triple A; el ente de control logró un nuevo avance en materia de justicia para el caso.

En esta oportunidad, la Procuraduría logró, en el proceso contra el exgerente de la Triple A, Ramón Navarro Pereira, condenado en el caso Inassa por los delitos de desfalco, administración desleal y enriquecimiento ilícito, que le fuera revocado el beneficio de libertad condicional por no haber reintegrado el valor correspondiente a la mitad de los recursos desviados, ni dar garantías de la devolución de la mitad restante.

De la misma manera, en este caso, el magistrado de la Sala Penal, Jorge Eliécer Cabrera Jiménez, modificó la decisión del Juez Único Penal del Circuito Especializado de Barranquilla, que había condenado a Navarro Pereira a 55 meses de prisión, y la fijó en 190 meses de prisión.

Además, el magistrado aplicó una ampliación en los montos de las multas estipuladas para el condenado, que pasaron de 25.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes (smlmv) ósea $21.000 millones a 50.000 smlmv que equivale a más de $43.890 millones.

El fallo también revocó la prisión domiciliaria y ordenó detención en establecimiento carcelario, porque “no se logró el reintegro de la suma de $23.379 millones por pedidos ficticios y $4.500 millones por falsos contratos de servicios”. Estas decisiones fueron tomadas por el juez en medio de una audiencia celebrada de manera virtual.

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