jueves, 12 de marzo de 2015
En decisión de primera instancia, el Ministerio Público estableció que a pesar de que los análisis financieros mostraban las condiciones deficientes financieras de los solicitantes, el Banco Agrario concedió créditos a empresas del sector floricultor que actualmente presentan una siniestralidad de más del 50%.
En ese sentido fueron sancionados con destitución e inhabilidad general por el término de 15 años: Jaime Restrepo Vélez, vicepresidente comercial; Luis Alberto Mora Penagos, vicepresidente de crédito, cartera y garantías; y Luis Fernando Giraldo Cardona, gerente nacional de crédito. Igualmente, fue destituida e inhabilitada por el término de 11 años: Liliam Adriana Arévalo Ordóñez, en su condición de gerente nacional de crédito.
Según la Procuraduría, a través de la Circular CR-195/08, Restrepo Vélez estableció que la evaluación de las solicitudes de la línea especial de crédito al sector exportador estaría soportada principalmente en criterios cualitativos y en la viabilidad del proyecto. “Esto llevó a que se tramitaran y aprobaran solicitudes de crédito sin una evaluación integral, desatendiendo los criterios cuantitativos, como lo exigen las normas que gobiernan el otorgamiento de créditos”.
Para la Procuraduría, bajo este panorama, la flexibilización de las condiciones para acceder al crédito, sumada a las circunstancias financieras que atravesaban la mayoría de sus beneficiarios, “se constituyeron en hechos que prácticamente anticipaban que los deudores no podrían asumir el pago posterior de los créditos, pese a lo cual, el vicepresidente y los gerentes de Crédito recomendaron las operaciones a los comités de aprobación”.
Para el Ministerio Público, muestra de la alta exposición de recursos públicos por parte del Banco Agrario, es el intento de recuperar por las vías judiciales y administrativa cerca de $115.000 millones de pesos que dejaron de ser pagados por varios de los beneficiarios de la línea especial de crédito, desembolsados entre los años 2008 y 2010.
Las faltas de los exfuncionarios fueron calificadas como graves cometidas con culpa por desatención elemental o violación manifiesta de reglas de obligatorio cumplimiento. En esta misma providencia el ente de control disciplinario absolvió al David Guerrero Pérez, quien para la época de los hechos se desempeñó como presidente del Banco Agrario.
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