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  • David Jáuregui Sarmiento

lunes, 18 de diciembre de 2017

La Procuraduría anunció que abrió investigación disciplinaria contra el secretario de Movilidad de Bogotá, Juan Pablo Bocarejo

La Procuraduría Delegada para la Vigilancia Judicial y la Policía Judicial solicitó la suspensión inmediata de la licitación en la contratación pública para el suministro, instalación, implementación, operación y mantenimiento de un sistema de semáforos inteligentes en Bogotá, "ante las dudas sobre si fueron tomadas las medidas necesarias para asegurar la conservación del patrimonio público de Bogotá".

La adjudicación del contrato, que está programada para mañana martes 19 de diciembre, tiene como propósito controlar el tráfico de Bogotá en tiempo real, aumentar la velocidad y la seguridad vial y garantizar tecnología apropiada para personas en condición de discapacidad, pues según informó El Tiempo, la mayoría de los componentes de los actuales semáforos data de 1978 y no representan control eficiente del tráfico, ni manejo en tiempo real de las interacciones de los actores viales en las más de 1.100 intersecciones que tiene la capital.

De la misma forma, la Procuraduría anunció que abrió investigación disciplinaria contra el secretario de Movilidad de Bogotá, Juan Pablo Bocarejo, por la presunta violación a los principios de publicidad, transparencia, planeación y economía en la contratación pública en la adjudicación del contrato, que será por $215.000 millones.

"El Ministerio Público investiga por qué, sin contar con los productos finales de la consultoría contratada para ese fin, el 10 de junio fue abierta la licitación. Además, se investigan las posibles irregularidades ocurridas en el proceso de suscripción del Otrosí número 3 al convenio entre la Secretaría de Movilidad, la Empresa de Teléfonos de Bogotá y la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, en especial el que separó el tema de los semáforos del de las comunicaciones telefónicas", expresó la entidad en comunicado público.

Entre las pruebas que ordenó la investigación que hizo la Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, según el cual no hay coherencia entre los documentos contratados a la consultoría por parte de la Secretaría de Movilidady los que están publicados en el Secop o portal de contratación, figura escuchar en declaración a varios de los oferentes interesados en participar en la licitación. Según ellos, se han hecho observaciones públicas sobre el trámite, en especial sobre el contrato de consultoría por $5.499 millones con la firma C&M- IDOM, que elaboró los estudios y estructuró técnica, financiera y legalmente el proyecto.

La Procuraduría también llamó la atención a la alcaldía de Enrique Peñalosa, pues según afirmó la entidad, la Secretaría Distrital de Movilidad fue notificada de la solicitud de suspensión de la licitación mediante comunicación física el día 13 de diciembre, pero a la fecha no solo no ha publicado la petición del Ministerio Público, "sino que ha seguido incorporando documentos para avanzar en el proceso hacia la adjudicación del contrato por $215.000 millones".

Por los mismo presuntos hechos, la investigación también afecta a Diana Lucía Vidal Caicedo, subsecretaria de Servicios de Movilidad, en calidad de delegataria como ordenadora del gasto, y a Carolina Pombo Rivera, directora de Asuntos Legales de la Secretaria de Movilidad de Bogotá.

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