Procuraduría General de la Nación vigila residuos en Providencia y Santa Catalina
Requirieron información actualizada a la Ungrd, la Coralina, y la Alcaldía de Providencia y Santa Catalina
05 de octubre de 2026
La Procuraduría General de la Nación, a través de la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales, Minero Energéticos y Agrarios, fortaleció el seguimiento preventivo al cumplimiento de las órdenes quinta y sexta de la Sentencia T-333 de 2022 de la Corte Constitucional, relacionadas con la protección de los derechos al ambiente sano, la salud y el saneamiento básico de los habitantes de Providencia y Santa Catalina.
En desarrollo de esta actuación, el Ministerio Público requirió información actualizada a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Ungrd, la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Coralina, y la Alcaldía de Providencia y Santa Catalina, de acuerdo con las responsabilidades asignadas a cada entidad en el fallo.
La Procuraduría señaló que frente a la orden quinta, se busca establecer el estado de las acciones encaminadas a solucionar de manera definitiva los vertimientos de aguas negras domésticas. También verificará el funcionamiento de los sistemas de saneamiento básico y si están dadas las condiciones técnicas para que Coralina expida la certificación contemplada por la Corte Constitucional.
En cuanto a la orden sexta, el seguimiento se concentra en verificar el cierre y la restauración ambiental de los terrenos que fueron utilizados como centros de acopio temporal de residuos en los sectores La Montaña, Camp y Sweet Water. Asimismo, se revisarán las gestiones adelantadas para definir un sitio destinado de manera permanente a la disposición de escombros, basuras y residuos orgánicos en Providencia.
Para realizar esta verificación, la Procuraduría solicitó que la información entregada por las entidades esté acompañada de los respectivos soportes técnicos, documentales y fotográficos.
A partir de la información recopilada, el Ministerio Público podrá valorar el nivel de cumplimiento de las medidas establecidas por la Corte y determinar las actuaciones preventivas que resulten procedentes.
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