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Judicial

La JEP imputó crímenes de guerra y lesa humanidad a 18 exmiembros de fuerza pública

La entidad identificó un universo provisional de 565 casos de violencias basadas en género cometidas por integrantes de la fuerza pública contra civiles

17 de noviembre de 2026

Diego Alejandro Ospina Henao

dospina@larepublica.com.co

JEP
Colprensa
Canal de noticias de Asuntos Legales

Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a 18 antiguos integrantes de la fuerza pública, 16 del Ejército y dos de la Policía, por su participación en violencias basadas en género contra la población civil durante el conflicto armado, tanto de manera directa como en coordinación con grupos paramilitares.

La JEP identificó un universo provisional de 565 casos de violencias basadas en género cometidas por integrantes de la fuerza pública contra civiles, con 755 víctimas directas entre 1978 y 2016. De ellas, 650 son mujeres, 85 hombres y 20 personas con orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género diversas.

A partir de dichos testimonios, la UIA pudo establecer que existió un modelo de “masculinidad guerrera” que favoreció prácticas de dominación, discriminación y violencia contra las mujeres y contra quienes eran percibidos por fuera de los roles tradicionales de género.

“En esos contextos se impusieron castigos diferenciados sobre los cuerpos, la sexualidad y la reproducción, y se estableció un orden armado que regulaba la sexualidad y las conductas de las poblaciones a través de visiones estereotipadas sobre el género”, explica el documento.

Dentro de esta práctica, la Sala encontró que integrantes de la fuerza pública participaron directamente o se aliaron con estructuras paramilitares para realizar incursiones y masacres en las que, además de asesinatos y torturas, se cometieron violencias sexuales y de género como mecanismos de humillación, castigo, intimidación y expulsión de la población.

Entre los hechos analizados están las incursiones paramilitares en Tibú y La Gabarra, Norte de Santander, en 1999; la provincia de Lengupá, Boyacá, en 1991; y las masacres de La Cabuya, en Tame, Arauca, en 1998, y Chiscas, Boyacá, en 2003.

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