Procuraduría y Contraloría le exigen informe de recursos al gobierno de Petro

La Procuraduría General de la Nación junto a la Contraloría General de la República emitieron una directiva conjunta para solicitar al gobierno del presidente saliente, Gustavo Petro, la entrega de un informe detallado sobre la administración de los recursos públicos durante su gestión.

Este requerimiento formal busca transparentar el estado financiero y operativo del Ejecutivo ante el proceso de transición gubernamental en curso.

La solicitud se fundamenta en la Directiva 001 de 2026, la cual establece que la administración actual debe reportar no solo los presupuestos ya ejecutados, sino también aquellos fondos que se encuentran pendientes de asignación o ejecución.

El propósito de esta solicitud es facilitar que el equipo del presidente electo, Abelardo De La Espriella, cuente con un panorama claro de las obligaciones institucionales que asumirá formalmente a partir del próximo 7 de agosto.

El instructivo de los entes de control estipula que el balance presentado debe incluir el estado de la contratación pública en sus diferentes etapas. De manera precisa, el gobierno del presidente Petro está obligado a documentar el avance de los procesos contractuales vigentes y detallar aquellos contratos que registren dificultades de ejecución, incumplimientos, controversias o procedimientos administrativos sancionatorios en trámite.

Además, los organismos dirigidos por Gregorio Eljach y Carlos Hernán Rodríguez señalaron que el informe debe abarcar la totalidad de las áreas de la administración pública, incluyendo la gestión de recursos financieros, humanos y administrativos. Las entidades recordaron que la rendición de cuentas es de carácter obligatorio y que la omisión de estos reportes faculta a las autoridades competentes para iniciar las investigaciones correspondientes según el marco legal.

El requerimiento se ampara jurídicamente en el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia y en las disposiciones de la Ley 951 de 2005, que regulan la entrega de informes por parte de los servidores públicos al término de sus funciones.

Los entes de control informaron que el documento que consolide la gestión de los últimos cuatro años será de acceso público para el conocimiento de la ciudadanía.