Entre las irregularidades encontradas por el ente de control y vigilancia, figura que las empresas no funcionan en la dirección comercial y de notificación judicial inscrita en el registro mercantil, no tienen contabilidad al día y no cuentan con estados financieros certificados.
“El proceso de liquidación judicial persigue la liquidación pronta y ordenada, buscando el aprovechamiento del patrimonio del deudor. El régimen de insolvencia, además, propicia y protege la buena fe en las relaciones comerciales y patrimoniales en general y sanciona las conductas que le sean contrarias”, manifestó Francisco Reyes, superintendente de Sociedades.
Finalmente se dio a conocer que Javier Suárez Torres fue designado como liquidador de ambas sociedades.
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