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miércoles, 11 de agosto de 2021

La decisión sobre la caducidad o no del contrato se iba a tomar en la tarde de este miércoles, pero el Ministerio pidió más tiempo

La continuidad del contrato por $1,07 billones entre el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y la Unión Temporal Centros Poblados sigue en veremos luego de que este miércoles no se tomara una decisión de fondo.

Para hoy se convocó la audiencia de caducidad del contrato y en ella, en una intervención de un poco más de cuatro horas, el abogado, Jorge Pino Ricci, apoderado de la Unión Temporal Centros Poblados, argumentó violación al debido proceso argumentando que sólo un juez de la República puede determinar si las pólizas que se presentaron dentro del proceso licitatorio son falsas o no.

Ante todos los argumentos que presentó Pino, Adriana Vivas Robles, asesora del Ministerio y delegada para el trámite de la caducidad, decidió suspender la audiencia hasta el próximo viernes 13 de agosto a las 10:00 de la mañana.

“Se toma la decisión de suspender la audiencia porque necesitamos más tiempo para analizar los argumentos presentados por la defensa”, explicó Vivas cuando se reanudó la audiencia este miércoles luego de una suspensión de horas.

El Ministerio de las TIC busca la caducidad del contrato luego de que se conociera que Centros Poblados presentó garantías falsas del Banco Itaú dentro del proceso.

Al respecto, el abogado Pino aseveró que “para el Ministerio la plena prueba es que el Banco diga que no expidió esa garantía. Se ha vulnerado el debido proceso a la Unión Temporal por el prejuzgamiento de la ministra".

Pino reseñó en varias ocasiones que sus defendidos “actuaron de buena fe por medio de terceros para la adquisición de las pólizas”.

El Banco Itaú se pronunció y aseguró que “los documentos presentados como garantías por la Unión Temporal Centros Poblados al MinTIC son falsos”.

Además, indicó que el banco no contrata intermediarios para la expedición de garantías bancarias, ya que la entidad atiende esos trámites directamente, a través de sus propias oficinas y funcionarios.

En la mañana de este miércoles, antes de la audiencia, se conoció que Centros Poblados estaría dispuesto a demandar a la Nación si se toma la decisión de decretar la caducidad del contrato. La Unión Temporal también ha pedido que se pueda hacer una cesión del mismo.

En necesario recordar que la ministra Karen Abudinen está en el ojo del huracán porque dentro del contrato se hizo un anticipo de $70.000 millones, recursos que terminaron en cuentas de Estados Unidos.

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