Proyecto de ley 267 fue radicado en el Senado en 2023 para regular derecho de pasajeros

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En 2023, el Senado radicó el proyecto de ley 167, de ese mismo año, en el que se busca establecer medidas sobre los derechos de los usuarios del transporte aéreo.

Esta iniciativa ha generado varias críticas, especialmente por parte de expertos en el tema, debido a que muchos han considerado que esta propuesta es débil y podría resultar perjudicial para los consumidores.

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En un análisis realizado por la Facultad de Derecho de la Universidad del Rosario, Andrés Palacios, profesor en Derecho de la Facultad de Jurisprudencia de la institución, aseguró que “las medidas que propone el proyecto podría implementarse sin necesidad de una ley, debido a que los cambios que propone se pueden lograr modificando únicamente los reglamentos de la Aeronáutica Civil o los Aeronáuticos de Colombia, RAC”, y añadió que, “la propuesta beneficia principalmente a las aerolíneas y deja a los pasajeros en una posición de indefensión”.

Además, el experto señaló que en uno de los artículos de la iniciativa, se establece que, ante quejas o problemas con la aerolínea, los pasajeros deben primero presentar su reclamo ante la entidad y luego en la Aerocivil, la cual, según explicó el académico, no tiene las facultades para sancionar a las empresas por temas de protección a los consumidores, según lo que se encuentra estipulado en el Decreto 2194 de 2021.

“La Superintendencia de Transporte, por otro lado, que sí podría imponer sanciones, ni siquiera es mencionada en la propuesta”, aseguró el docente de derecho de la Universidad del Rosario.
A su vez, el estudio aseguró que el proyecto busca otorgar a la Aerocivil la facultad de revisar los planes de protección a pasajeros, una función que actualmente corresponde a la Superintendencia de Transporte, evidenciado así que la iniciativa en realidad fue diseñada para favorecer a las aerolíneas y no de los consumidores de estos medios de transporte.

“La Aerocivil y la Superintendencia de Transporte quedaron muy golpeadas tras la integración de Avianca y Viva, evidenciando su falta de capacidad para hacer cumplir la legislación colombiana”, dijo el experto.