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Andrea del Pilar Mancera - amancera@larepublica.com.co miércoles, 13 de junio de 2012

El punto final o liquidación patrimonial se activa cuando en caso de no lograrse un acuerdo de pago o que se haya incumplido el mismo, la persona podrá acogerse a esta figura. Eso sí, el deudor tendrá que poner disposición de sus acreedores la totalidad de su bienes.

Si hace trampa, será considerado un crimen financiero, exponiéndose a penas de hasta 6 años de cárcel', explicó Simón Gaviria, autor de la iniciativa que se denomina Ley de `insolvencia` y pasará a sanción presidencial.

Los procedimientos de negociación de deudas y de convalidación de acuerdo ante Centros de Conciliación de Consultorios Jurídicos de Facultades de Derecho y de las entidades públicas serán gratuitos. Los Notarios y los Centros de Conciliación privados podrán cobrar. El Gobierno reglamentará las tarifas para tramitar los procedimientos de acuerdo con la situación.

¿Quiénes y cómo pueden acogerse?
La persona natural no comerciante Tiene tres posibilidades: 1. Negociar sus deudas a través de un acuerdo con sus acreedores para obtener la normalización de sus relaciones crediticias. 2. Convalidar los acuerdos privados a los que llegue con sus acreedores. 3. Liquidar su patrimonio.

¿En qué casos se puede acogerse?
La persona natural no comerciante podrá acogerse a los procedimientos de insolvencia cuando se encuentre en cesación de pagos: Incumpla el pago de dos o más obligaciones a favor de dos o más acreedores por más de 90 días, o cursen en su contra dos o más procesos ejecutivos o de jurisdicción coactiva. Las obligaciones deberán representar no menos del 50% del pasivo.

Posibilidades de pago
En la propuesta, el deudor podrá incluir daciones en pago con bienes propios para extinguir total o parcialmente una o varias obligaciones.
Duración del procedimiento 60 días, prorrogables por 30 más.

Efectos Apenas se acepte la solicitud de negociación de deudas por parte del Conciliador no podrán iniciarse nuevos procesos en contra del deudor y se suspenderán los procesos que estuvieren en curso. No podrá suspenderse la prestación de los servicios públicos domiciliarios en la casa del deudor por mora en el pago y si hubiere operado la suspensión de los servicios, éstos deberán restablecerse. No podrá solicitar el inicio de otro procedimiento de insolvencia, sino hasta que transcurran cinco años desde la fecha del cumplimiento total de Acuerdo anterior.

Condiciones
1. Celebrarse dentro del término máximo de 90 días.
2. Ser aprobado por dos o más acreedores que representen más del 50% del monto total del capital de la deuda y contar con la aceptación expresa del deudor.
3. Comprender a la totalidad de los acreedores.
4. Versar sobre cualquier tipo de obligación patrimonial contraída por el deudor, incluidas aquellas en las que el Estado sea acreedor.
5. Si involucra actos jurídicos que afecten bienes sujetos a registro, copia del acta contentiva del acuerdo deberá ser inscrita ante la oficina de Registro.
6. Podrá disponer la enajenación de los bienes del deudor que estuvieren embargados en los procesos ejecutivos suspendidos.
7. Todos los créditos estatales estarán sujetos a las reglas señaladas en el acuerdo para los demás créditos, excepto para las obligaciones fiscales.
8. Respetará la prelación y privilegios señalados en la ley.
9. En ningún caso el acuerdo de pagos implicará novación de obligaciones, salvo pacto en contrario aceptado de manera expresa. 10. No podrá preverse en el acuerdo celebrado entre el deudor y sus acreedores ni en sus reformas un plazo para la atención del pasivo superior a cinco años.

Fracaso
Si transcurrido el término previsto no se celebra el acuerdo de pago, el conciliador declarará el fracaso de la negociación e inmediatamente remitirá las diligencias al juez civil de conocimiento, para que decrete la apertura del proceso de liquidación patrimonial. Si el deudor no cumple, dentro de los 10 días hábiles siguientes al recibo de la solicitud de incumplimiento que podrá efectuar cualquiera de los acreedores, el conciliador citará a audiencia a fin de revisar y estudiar por una sola vez la reforma del acuerdo de pago . En caso de encontrar probado el incumplimiento, el juez ordenará que se devuelvan las diligencias al conciliador, para que se proceda a estudiar la reforma del acuerdo.

Antecedentes
Retrasarse en el pago de obligaciones financieras es hoy sinónimo de largos y costosos procesos judiciales que casi siempre terminan en desalojo o embargo. Pero el `salvavidas para morosos`, ya fue conciliado en el Congreso.

En septiembre del 2011 fue declarado inexequible la Corte Constitucional por un error de trámite y por eso fue presentado de nuevo. Este proyecto que pasa a sanción presidencial, fue realizado por Simón Gaviria y su grupo de asesores.

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