Colprensa Sábado, 7 de febrero de 2015

El magistrado caleño Wilson Ruiz se estrena como presidente del Consejo Superior de la Judicatura. Llega al cargo en momentos en que la justicia del país pasa por su más difícil momento, pues acaba de salir de un paro de 73 días, casi 100 si se tiene presente la vacancia judicial, y ya se amenaza con otro cese de actividades.

La manera como se solucione este conflicto con los trabajadores de la Rama Judicial, los retos que impondrá el eventual acuerdo de paz con la guerrilla y los líos propios de la administración judicial, como la implementación de la tecnología para cada uno de sus procesos, hacen parte de los retos a los que se enfrenta este jurista. Sobre estos temas, Ruiz habló con Colprensa.

¿Cómo recibe la Judicatura?
Con muchas expectativas para trabajar en el mejoramiento de la prestación del servicio de administración de justicia, el cual requiere celeridad en el desarrollo de los procesos, con decisiones justas y equitativas, acorde con los preceptos legales, respondiendo a las necesidades cambiantes del mundo y la sociedad para lo cual es imprescindible el compromiso, respeto a la ciudadanía y cultura del servicio por parte del trabajador judicial.

¿Qué han hecho ya en la Judicatura para llegar a eso?
No hay un solo municipio que no tenga el servicio de justicia para dirimir las controversias que se suscitan.

Otra es la implementación del sistema de carrera judicial, a través del cual se ha logrado que la regla general sea la vinculación de funcionarios y empleados por medio de concurso de méritos.

Hoy tenemos 25.345 servidores judiciales, entre los que se encuentran 4.908 funcionarios y 20.437 empleados, y adicionalmente para afrontar las medidas de descongestión contamos con 6.339 servidores judiciales entre magistrados, jueces y empleados.

¿Es muy complicado asumir esa responsabilidad en momentos en que la justicia acaba de salir de un largo paro y ya se avecina otro?
Siempre habrá retos en un cargo de dirección y mucho más si estamos hablando de una posición representativa de la justicia. Desde que llegué al Consejo Superior de la Judicatura me propuse trabajar arduamente, dentro de las competencias que me fueron asignadas, para dar respuesta oportuna al usuario y asumí la presidencia de la Corporación con toda la responsabilidad que implica.

¿Cómo recuperar la confianza de los ciudadanos en la justicia, afectada por los paros?
Con una justicia más sensible con la problemática y las necesidades de la ciudadanía, que tenga como prioridad cumplir con su función constitucional de dar respuesta a los usuarios.

¿Cómo va a adelantar el diálogo con los sindicatos?
Quiero escuchar a todos los sectores de la justicia para reflexionar sobre cada una de sus inquietudes y peticiones, hacer una autocrítica de la administración de justicia y llevar esas solicitudes ante el Gobierno Nacional para buscarles solución. Lo que no soporta la Administración de Justicia es un nuevo cese de actividades, porque la justicia es un servicio esencial.

¿Cómo podría afectar a la Justicia un nuevo paro?
Ya lo vimos en el pasado cese de actividades, hubo pérdidas por más de $100.000 millones, se incrementó la congestión judicial y la imagen de la Rama Judicial se deterioró.

¿Los trabajadores de la Rama tienen razón?
Hay que escuchar las inquietudes y las propuestas que tienen los trabajadores en aras de estudiar las alternativas y mecanismos de solución, haciendo un diagnótico de los problemas que los aquejan.

¿La Justicia es autónoma por el tema presupuestal…?

Técnicamente a través de las competencias otorgadas por la Ley Estatutaria de Administración de Justicia a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, la Rama Judicial cuenta con autonomía presupuestal, tanto es así que a través del Plan Sectorial de Desarrollo la Rama Judicial propone y delimita sus proyectos de inversión para ser incluidos en el Plan Nacional de Desarrollo, sin embargo, en la ejecución del presupuesto sí tenemos una limitación en cuanto a la transferencia de los recursos, pues el Ministerio de Hacienda limita y determina la proporción de los giros desconociendo las necesidades en la administración de justicia.

¿Cuánto necesita la justicia para operar con tranquilidad?
De acuerdo con el Plan Sectorial de Desarrollo 2015 – 2018 la Rama Judicial ha diseñado unas políticas institucionales que contemplan siete frentes de acción, tales como tecnología, infraestructura judicial, desarrollo de talento humano, rediseños organizacionales, protección y seguridad, democratización de la administración de justicia y calidad de la justicia.

Para esos efectos se contará con un presupuesto de inversión de $1,2 billones para este cuatrienio.

¿Qué hacer con los problemas de hacinamiento en las cárceles y las URI?
Considero que desde la Comisión Intersectorial para el Seguimiento del Sistema Penal Acusatorio (Cispa) es primordial que de una vez por todas se ajusten los parámetros y metodologías, con el propósito de unificar las interpretaciones de la normatividad existente.

Hoy se generan distintas concepciones jurídicas y por ende, diferentes nociones respecto de su aplicación en materia de penas. Es necesario involucrarse en el rediseño de la Política Nacional para la Convivencia y Seguridad Ciudadana, en aras de orientarla no solamente a la adopción y fortalecimiento de mecanismos represivos, sino también para impulsar una estrategia de prevención que trascienda la disuasión policial.