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Colprensa jueves, 21 de marzo de 2013

La Ministra de Justicia, Ruth Stella Correa, junto con el Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, el director del Inpec, general Gustavo Adolfo Ricaurte, y los presidentes de Senado y Cámara, Roy Barreras y Augusto Posada, fue radicado el proyecto del nuevo Código Penitenciario.

Esta iniciativa busca la descongestión de los penales del país y entre sus medidas más importantes se encuentra la creación de cárceles para los sindicados que estarán a cargo de los municipios del país.

“La norma que rige en este momento dijo que se deberían construir cárceles para detención preventiva en los municipios y departamentos. Con este nuevo Código esa obligación es reforzada, hoy en día la sobrepoblación que es cercana a las 40 mil personas. Si dividiéramos 1.200 municipios entre las personas detenidas cada uno de ellos debería hacerse cargo, más o menos, a 30 detenidos, a eso le apunta la propuesta”, sostuvo la ministra.

La jefe de la cartera aseguró que en este momento se están buscando los recursos para la construcción de los nuevos penales en colaboración con el Ministerio de Hacienda, y aseguró que sin esa destinación ya se está trabajando en un proceso de ampliación de los penales a través de las alianzas público-privadas.

“Hemos venido trabajando desde hace mucho tiempo en los 12 pasos que nos permitirán mejorar las condiciones de los establecimientos de reclusión. En el año 2011, por ejemplo, las nuevas personas privadas de la libertad fueron 16 mil, este año fueron solo 13 mil. Esa diferencia se explica en las medidas adoptadas, somos conscientes del problema y estamos buscando las soluciones”, puntualizó.

Frente al tema de los recursos, Roy Barreras, sostuvo que en abril el Gobierno deberá presentar una ley de traslados presupuestales que permitirá que los departamentos y municipios tengan los recursos para construir las nuevas cárceles.

Vinculación sector privado
Según la Ministra, este proyecto tiene como finalidad humanizar el sistema penitenciario colombiano, además dijo que la ayuda del sector privado colaborará en la resocialización de las personas privadas de la libertad. “Las empresas que se vinculen a estos programas podrán obtener beneficios de carácter tributario”, puntualizó Correa. Además recalcó que las alianzas con el sector privado para la construcción de establecimientos penitenciarios no es una novedad, pues la medida existe desde el año pasado “y en esta ley se especifican las condiciones para la construcción”.

Apoyo judicial
La ministra además anunció que el nuevo Código contempla la obligación de que en los penales haya salas de audiencia virtuales para que los jueces puedan acudir a las solicitudes de los reclusos. “Con este proyecto no se está debilitando la ley de seguridad ciudadana. Personas que no tienen derecho a beneficios no saldrán a la calle”.

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