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Judicial

Ratifican sentencia a excomandantes de las Farc por secuestro y homicidio

La Sección de Apelación del Tribunal para la Paz ratificó la condena contra siete exmiembros del grupo armado las Farc

01 de julio de 2026

Isabella Rodríguez Ángel


JEP
Colprensa
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La Sección de Apelación del Tribunal para la Paz confirmó la condena impuesta en primera instancia contra siete exintegrantes de la dirigencia de la antigua guerrilla de las Farc. La ratificación de la sentencia se produjo tras evaluar un total de 52 objeciones presentadas por las víctimas, sus organizaciones y el Ministerio Público, además de 17 observaciones formuladas por los comparecientes.

La resolución judicial responsabiliza formalmente a Rodrigo Londoño, Jaime Alberto Parra, Milton de Jesús Toncel, Pablo Catatumbo, Pastor Alape, Julian Gallo y Rodrigo Granda por crímenes de guerra cometidos bajo su mando, específicamente en las categorías de toma de rehenes y homicidio. También, el tribunal determinó que cinco de los siete procesados incurrieron en omisión de control al no evitar la comisión de torturas, tratos crueles, atentados a la dignidad, violencia sexual y desplazamiento forzado.

Aunque se mantuvo la declaración de culpabilidad, la Sección de Apelación realizó precisiones técnicas orientadas a garantizar que las sanciones penales sean efectivas y delimitadas en el tiempo, rechazando la posibilidad de que queden indeterminadas.

Para dar cumplimiento a este mandato, la magistratura ordenó la estructuración detallada de los trabajos comunitarios y las actividades obligatorias que los sentenciados deberán ejecutar, las cuales estarán vinculadas directamente a la reparación del daño causado por el secuestro.

La sentencia definitiva incorporó un cronograma territorializado que fija los proyectos, las labores específicas y los horarios obligatorios que cumplirán los sancionados durante todo el período de su condena.

Además, el tribunal validó los mecanismos de participación de los afectados dentro del proceso penal, permitiendo que las propuestas de sanción formuladas por las propias víctimas fueran integradas formalmente en la decisión ejecutoria.

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