Rechazan remoción de juez penal militar en caso de protección de Miguel Uribe

La firma Víctor Mosquera Marín Abogados, en su calidad de representante legal de la familia del senador fallecido Miguel Uribe Turbay, manifestó su rechazo ante la declaratoria de insubsistencia del mayor retirado Javier González Gutiérrez, quien se desempeñaba como Juez 1201 Penal Militar de Conocimiento Especializado.

Esta decisión administrativa se produjo una hora después de que el funcionario judicial determinara la preclusión de la investigación en contra del subcomisario Víctor Gómez, encargado del esquema de protección del político.

De acuerdo con la representación legal, la determinación adoptada por el juez penal militar se fundamentó en la atipicidad de la conducta del jefe de seguridad. Durante la respectiva audiencia pública, la autoridad judicial expuso que el oficial a cargo del esquema ejecutó diversas acciones orientadas a salvaguardar la integridad de la persona protegida, argumentando que las fallas observadas respondieron a limitaciones operativas y a la escasez de personal asignado.

El funcionario judicial removido señaló de manera formal que la gestión de los recursos logísticos y humanos recae de forma directa sobre la Unidad Nacional de Protección.

Debido a esto, el juzgado determinó que la evaluación de las posibles fallas en la asignación de elementos de seguridad corresponde a la justicia ordinaria y no a la jurisdicción penal militar, eximiendo de responsabilidad penal al jefe directo del esquema.

Además, el comunicado menciona que la Fiscalía General de la Nación mantiene en curso una investigación por el presunto delito de prevaricato por omisión en contra del actual director de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez.

Dentro de este proceso penal específico, la solicitud de imputación de cargos fue retirada el mismo día de su presentación, y las autoridades correspondientes aún no han fijado una nueva fecha para la diligencia.

Los representantes de las víctimas indicaron que la remoción del juez tras emitir un fallo vincula directamente una medida administrativa con una decisión judicial.

La firma de abogados concluyó su pronunciamiento señalando que este tipo de acciones administrativas afecta la estabilidad de los procedimientos de la justicia penal militar y la autonomía de los servidores públicos encargados de administrar justicia.