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Andrea del Pilar Mancera - amancera@larepublica.com.co miércoles, 13 de junio de 2012

La administración estatal, a cualquier nivel de organización administrativa, antes de cumplir con su deber legal de proteger y evitar la ocupación irregular de los bienes fiscales, está obligada a proporcionar medidas que garanticen los derechos fundamentales y la protección del principio de confianza legítima de quienes se vean afectados por las acciones de recuperación

Los accionantes, María Carlota Arenas Giraldo, Jhon Alexander Sarmiento y Soledad Pino Pérez, interpusieron acción de tutela en contra de la Caja de Vivienda Popular, por considerar que esa entidad amenaza su derecho fundamental a la vivienda digna al solicitarles que desalojen la vivienda que habitan, ubicada en la Calle 37ª No. 7-31Sur del Barrio Guacamayas en la ciudad de Bogotá y que es propiedad de la entidad.

Ellos argumentan que habitan el predio desde hace más de 20 años y que viven actualmente en situación de hacinamiento. Sostienen que en caso de ser desalojados, no tienen otro lugar donde vivir, y sus ingresos como vendedores ambulantes o trabajadores del servicio doméstico no son suficientes para sufragar otra solución de vivienda.

Personas naturales
Manifiestan que en sus respectivos núcleos familiares son las únicas personas que aportan económicamente, y que tienen a cargo menores de 18 años, entre hijos, nietos y sobrinos. Que sus ingresos provienen de trabajos que realizan a diario en oficios de carácter informal, como vendedores ambulantes o empleadas del servicio doméstico. Describen el predio habitado como 'una edificación diseñada para una escuela', manifestando además, que se encuentran ante un inminente riesgo de desalojo por parte de la Caja de Vivienda Popular.

Caja de vivienda popular
Señala que el inmueble ocupado por los accionantes es una casa construida en 1974, la cual tenía una finalidad transitoria y que actualmente no cumple con las normas de sismo resistencia, por lo que, a su juicio, no brinda 'protección de las familias que allí habitan, ante el eventual accionar de la naturaleza'. La entidad señala que ante el fracaso de las audiencias de conciliación llevadas a cabo con los accionantes, procedió a instaurar demanda de restitución de bien inmueble ante la jurisdicción ordinaria. Este proceso, según dice, cursa en el Juzgado 15 Civil.

Juzgado
Ordenar al Juzgado 15 Civil del Circuito de Bogotá, continuar con la suspensión del proceso ordinario reivindicatorio iniciado por la Caja de Vivienda Popular contra las familias ocupantes del predio, hasta que se le de cumplimiento a todas las órdenes impartidas en esta sentencia y tengan garantizado su derecho a una vivienda digna. Para el efecto, los jueces de tutela encargados de verificar el cumplimiento del presente fallo, enviarán un informe.

Censo
Ordenar a la Caja de Vivienda Popular, que en un plazo máximo de cinco días hábiles contados a partir de la notificación del presente fallo, realice el censo de las familias que residen en el inmueble ubicado en la Calle 37ª No. 3-71 Sur, barrio Guacamayas. ORDENAR a la Caja, que en un plazo máximo de 30 días a partir de la realización del censo, proceda a incluir a las familias censadas en los programas de reasentamiento que proporciona la entidad.

Resuelve
Revocar las sentencias proferidas por el Juzgado 14 Civil del Circuito de Bogotá y el Juzgado 39 Civil Municipal de Bogotá y, en consecuencia, CONCEDER el amparo del derecho fundamental a la vivienda digna y al principio de confianza legítima de la señora María Carlota Arenas Giraldo. REVOCAR las sentencias proferidas por el Juzgado 44 Civil del Circuito de Bogotá y el Juzgado 73 Civil Municipal de Bogotá y CONCEDER el amparo del derecho.

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