• Colprensa

viernes, 7 de junio de 2013

De acuerdo con fuentes consultadas, la Registraduría Nacional del Estado Civil avaló la recolección de firmas que solicitan la revocatoria del alcalde Mayor de Bogotá, Gustavo Petro Urrego.

La Registraduría tomó esta decisión, a pesar de que los integrantes del movimiento Progresistas han denunciado públicamente que habría mayoría firmas inválidas dentro del listado de las presentadas.

Luego de la revisión de todas las más de 631 mil firmas recolectadas por los seguidores del representante a la Cámara, Miguel Gómez Martínez, la Registraduría determinó que un poco más del umbral requerido para pasar a la consulta popular sobre la revocatoria del alcalde son válidas.

El gobierno de la ciudad tendrá tres días para presentar sus recursos ante dicha entidad y ésta se tomará un mes para evaluarlos y tomar una decisión.

En caso de que la iniciativa prospere, pasarán dos meses más para que se realice una consulta popular en la que deberán votar más 1 millón 200 mil capitalinos para que ésta sea válida.

Si más de la mitad de esos eventuales votos pide la revocatoria, el Alcalde será removido de su puesto, por lo tanto se buscarán nuevos mecanismos.

Investigación
La Fiscalía General de la Nación archivó la investigación que se adelantaba contra el registrador Nacional del Estado Civil, Carlos Ariel Sánchez Torres, por las supuestas irregularidades que se habrían presentado en las elecciones a la Alcaldía de Cali de 2010.

El Registrador Nacional fue investigado por Martha Lucía Zamora, fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, por unos supuestos requerimientos de dinero para el proceso de revisión de firmas de Rodrigo Guerrero Velasco y Susana Correa Borrero, entonces candidatos a la Alcaldía de la capital del Valle del Cauca. Tras labores de policía judicial por parte del ente acusador, Zamora no encontró méritos para continuar con la investigación por los supuestos delitos de prevaricato por acción, falsedad ideológica en documento público, concusión y alteración de resultados electorales.

En la decisión, de 32 páginas, se expresa que no se encontraron los elementos necesarios para establecer que se cometió alguna conducta ilícita, aunque aclara, amparándose en una sentencia de la Corte Constitucional, que si surgen nuevos elementos probatorios la indagación podrá reanudarse. La investigación inició en octubre de 2011, luego de que la Fiscalía 95 de la Unidad de Administración Pública de Cali compulsara copias para investigar a Sánchez Torres, por las supuestas irregularidades en las que habría incurrido durante el proceso de certificación de las inscripciones de los candidatos Correa y Guerrero Velasco.