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  • Juliana Ramírez Prado

martes, 5 de julio de 2016

La libre competencia se podría definir en términos coloquiales como la columna vertebral de una economía de mercado, no en vano, actualmente hay más de 120 países que persiguen las conductas anticompetitivas y que, inclusive, tienen contemplado penas privativas de la libertad además de sanciones punitivas.

Es increíble que en menos de tres años, y como consecuencia de una cadena de delaciones, se haya conocido que más de 20 empresas estaban involucradas en dichas prácticas desleales, lo que le da al territorio nacional el calificativo de país de carteles. Pañales, cuadernos, papeles suaves y azúcar, son algunos de los productos inmersos. 

La multa más alta que supera los $65.000 millones en muchos de los casos es irrisoria si se tiene en cuenta que la utilidad de un cartel en determinado producto sensible puede pasar el billón de pesos, con lo cual le resulta al cartelista más rentable cometer la conducta y pagar luego la sanción.

Una disculpa de las empresas cartelistas, como solo ha hecho Familia, no es suficiente para resarcir el dinero que por años se fugó de los bolsillos de los consumidores y menos cuando la competencia desleal se practicó es varios sectores de la economía, es decir, fue reiterativa.

Hoy, las sanciones que impone la Superintendencia de Industria y Comercio directamente van a parar al Estado y la reparación a los consumidores solo se da en el caso que prosperen las acciones de grupo. Sin embargo, es indispensable que en el régimen de competencia el resarcimiento de la extracción ilegitima de renta llegue directamente al consumidor, ya sea con la construcción de carreteras y colegios o con rebajas considerables en los productos cartelizados.

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