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Alberto José Naranjo martes, 29 de enero de 2013

La relación laboral entre deportistas profesionales y empleadores (clubes de fútbol por ejemplo) ha sido en el mundo y por muchos años un tema de debate y discusión por las particularidades que presenta la venta de entretenimiento a través de estos deportes.

Por un lado, la mayoría de estos deportes son organizados por un grupo de clubes que se ponen de acuerdo, a manera de cartel, para lograr sacar el mayor dinero posible con este entretenimiento. En principio esta cartelización va en contravía de las políticas de competencia de los países por lo que es evidente que deben escapar (y lo hacen) a esta regulación o de otra forma deberían ser sancionados por el hecho de vender estratégicamente caro un producto a favor de unos pocos y en contra de muchos consumidores.De otra parte, esta cartelización les ha dado históricamente a sus socios (los clubes de fútbol) la posibilidad de generar contratos de trabajo que protejan sus rentas. Esto ha sucedido en Estados Unidos, en Europa y obviamente está sucediendo en Colombia. En Estados Unidos, la cláusula reserva estipulaba que un jugador profesional solo podía cambiar de equipo si contaba con la autorización del equipo dueño de sus derechos deportivos aun cuando su contrato hubiese ya terminado, práctica que ya no existe dado el poder de los sindicatos de jugadores profesionales en este país. En Europa, sucedía lo mismo con el sistema de retención y transferencias hasta cuando un jugador belga (Jean-Marxc Bosman) demandó esta práctica. Mientras que en Colombia, aunque no ha habido reglas de juego claras, cada vez más se respetan los derechos de los deportistas frente a los intereses de los clubes.Estos cambios a favor de los deportistas han generado no solo una disminución de los ingresos de los clubes de fútbol (menores indemnizaciones y pagos por transferencias) sino también un aumento de sus costos debido a los mayores salarios que se pagan en un mercado de trabajo más competitivo. En este contexto prácticas como los contratos con salarios mínimos para evitar los costos parafiscales o la firma de pre-acuerdos con jugadores no son otra cosa sino estrategias para seguir protegiendo los ingresos de los clubes. Es decir, el mayor respeto a los derechos laborales compite con los menores ingresos que pueden percibir los clubes de fútbol. Por lo tanto, si se busca que exista una relación profesional entre empleadores y deportistas en donde los intereses de los empleadores no vayan en contravía con los derechos laborales de los deportistas es necesario profundizar en el problema financiero de los clubes. Los empleadores necesitan ingresos para mantener sus equipos, especialmente aquellos clubes pequeños que no cuentan con taquillas importantes ni grandes patrocinadores. Si estos ingresos no sufrieran tanto con un mayor respeto de los derechos laborales de los deportistas seguramente no habría mayor problema. Por lo tanto, las organizaciones privadas donde estos clubes son socios (la Dimayor por ejemplo) deben generar una mejor redistribución de sus ingresos entre sus socios para que especialmente los equipos pequeños (que son quienes buscan proteger a toda costa sus ingresos llegando al punto de utilizar toda clase de palabras y comportamientos indeseados en su búsqueda) puedan sobrevivir a este cambio institucional.Por ejemplo, compartir el ingreso de taquillas entre el local y el visitante, o que los equipos pequeños tengan un mayor porcentaje del dinero que ingresa por los contratos de derechos de transmisión, pueden ser algunas ideas a explorar para que el respeto a los derechos laborales de los deportistas profesionales pueda llegar sin problemas a ser una realidad de nuestro deporte.

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