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Andrea del Pilar Mancera - amancera@larepublica.com.co sábado, 2 de junio de 2012

En ejercicio de la acción consagrada en el artículo 85 del C.C.A., la parte actora solicitó al Tribunal Administrativo de Boyacá declarar la nulidad de la Resolución 1762 del 23 de octubre de 2000, expedida por el Secretario General del Ministerio de Defensa y el Coordinador del Grupo de Prestaciones Sociales del citado Ministerio.

Por medio de la cual se le extinguió una pensión de invalidez y se le declaró deudor del Tesoro del Presupuesto del Ministerio de Defensa Nacional, por concepto de mesadas pensionales que le fueron canceladas sin tener derecho a las mismas.

Como consecuencia de la anterior declaración y a título de restablecimiento del derecho pidió que se le restituya la pensión de invalidez junto con los reajustes a que haya lugar por la extinción de dicha prestación en el año de 1997, y se le exonere de la obligación impuesta en la Resolución demandada, consistente en la devolución de la suma de $2.396.764. De igual manera solicitó que las sumas que resulten de la condena sean ajustadas conforme lo prevé el artículo 178 del C.C.A. y que se dé cumplimiento a la sentencia en los términos de los artículos 176 y 177 ibídem.

Persona natural
El 15 de mayo de 1987, el Mindefensa ordenó reconocer y pagar a su favor una pensión de invalidez en cuantía del 75% del salario de un Cabo Segundo del Ejército, a partir del 10 de marzo de 1987. Se fijó una disminución de la capacidad laboral 'del 85%'. Solicitó al Ministerio accionado la modificación del porcentaje de disminución de su capacidad laboral del '82.5% al 100%', sin embargo, el Ministerio le extinguió la pensión de invalidez y lo declaró deudor del tesoro público, ante lo cual le ordenó devolver las mesadas recibidas desde el momento de la extinción.

Ministerio de defensa
La demandada alegó que el acto acusado se expidió conforme a derecho, de conformidad con los artículos 25 y 90 del Decreto 094/89, que consagran, en su orden, al Tribunal Médico Laboral de Revisión, organismo que dictaminó el último índice lesional del actor en 1997, y el derecho a la pensión de invalidez cuando la disminución en su capacidad laboral sea superior al 75%. Consideró que si la administración extinguió el derecho a la pensión a partir del 5 de marzo de 1997, fue porque desaparecieron fundamentos de hecho y de derecho que soportaban la pensión.

Derecho
La disminución del grado de incapacidad del actor motivó la extinción del derecho a la pensión de invalidez que devengaba. Esto ocasionó que el pensionado desde aquel momento dejara de recibir la prestación que le solventaba sus necesidades básicas, y quedara desprotegido respecto de su riesgo de salud. Sin embargo, también conlleva la posibilidad para el afectado de ser reintegrado y reubicado a la institución o dependencia de la cual fue retirado.

Buena fe
En el presente asunto el a quo consideró que el actor recibió de buena fe las mesadas pensionales hasta octubre de 2007, debido a que no existía el acto administrativo de extinción pensional. La entidad alega en el recurso de apelación, contrario a lo sostenido por el Tribunal, que el pensionado no actuó de buena fe pues continuó recibiendo mesadas a las que no tenía derecho sabiendo que ya no ostentaba los requisitos para ser beneficiario.

Fallo
Confírmese la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá dentro de! proceso instaurado por Ricardo Chávez contra la Nación – Ministerio de Defensa. Adiciónase en el sentido de ordenar a la Nación – Ministerio de Defensa – reubicar al señor Ricardo Chávez en un empleo que pueda desempeñar de acuerdo con sus capacidades físicas y mentales al interior de la Institución, atendiendo los criterios expuestos.

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