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Germán Corcho Tróchez - gcorcho@larepublica.com.co miércoles, 11 de septiembre de 2013

Por haber coludido en una licitación pública del Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud (Idipron), la cual tenía por objeto la adquisición de abarrotes, el superintendente de Industria y Comercio (SIC), Pablo Felipe Robledo, sancionó a dos comerciantes de la Central de Abastos de Bogotá (Corabastos) con una multa total de $915.117.298.

La decisión dada a conocer ayer por la SIC, está contenida en la resolución 53914 y señala que, durante la investigación, se hallaron pruebas que “permiten concluir” que los comerciantes Héctor Alberto Hernández Hernández y Orlando Ramírez Gómez, en su calidad de personas naturales agentes del mercado, “desplegaron una estrategia para realizar ofertas previamente concertadas que garantizaran la adjudicación del contrato a alguno de dichos oferentes”.

Las colusiones en licitaciones, según explica la Superintendencia, afectan la competencia y el patrimonio de la Nación, en la medida en que sus autores aumentan los precios de los bienes y servicios que éste contrata para cumplir con sus funciones.

“Las sanciones pretenden castigar y desincentivar conductas que lleven al Estado a consumir bienes y servicios a precios artificialmente altos, en perjuicio de los contribuyentes, competidores y el Estado mismo”, indica el organismo de control.

En el caso de Hernández Hernández, fue castigado con el pago de $388 millones 178 mil 183. Y su colega Ramírez Gómez, con una suma mayor: $526 millones 939 mil 315. Ambos, no obstante, puede presentar el recurso de reposición contra la decisión del Superintendente de Industria y Comercio, que considera que infringieron las normas de la protección a la libre competencia.

Según estudios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde), las adquisiciones del sector público representan en promedio el 15% del PIB de un país, lo que convierte la contratación pública en un componente importante de la actividad económica, y en prioritaria la acción del Estado para combatir este tipo de prácticas anticompetitivas o restrictivas de la libre competencia.

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