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David Jáuregui Sarmiento - djauregui@larepublica.com.co Miércoles, 11 de abril de 2018

Las Multas desde 2012 suman $1,6 billones

Las normas en materia de competencia empresarial en Colombia han cambiado de forma radical en los últimos 10 años. Según el superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo, ha habido una gran transformación no solo en el presupuesto de una Superindustria (SIC) sino en su capacidad sancionatoria, lo que nos pone en la región entre los países con mayor regulación.

Robledo en Inside LR hizo un balance de su gestión y aclaró que como parte de los compromisos con la Ocde, Colombia deberá ajustar los montos de las multas a las empresas para ser más competitivos.

¿En qué se ha avanzado en materia de competencia?
Yo empezaría por decir que la Super en los últimos años ha sufrido una transformación institucional. Hoy tenemos cuatro veces más presupuesto que en 2010; 3,5 veces más personal que en 2010; 50 veces más capacidad sancionatoria en temas de protección de libre competencia, así como en temas de protección de datos personales, consumidor, y todo eso cuando se ejecuta como parte de política pública da resultados.

De los carteles sancionados, ¿cómo pagan las empresas?
Antes las máximas multas equivalían a $1.500 millones, que para una empresa cementera, o de cacao es lo más parecido a una invitación a seguir infringiendo la norma, era una sanción irrisoria. Se modificó la ley y permitió usar la delegación, y a partir de ahí tenemos casos importantísimos en la defensa del modelo económico.
Tecnoquímicas con multa de $75.000 millones, pagó con un cheque en los siguientes cinco días, la Empresa de Acueducto de Bogotá también pagó, Comcel pagó los $85.000 millones, entre otras. Las multas de grandes empresas no solo se quedan en el papel, implican el pago casi inmediato y esos dineros se van al Ministerio de Hacienda.

¿Cuánto dinero a entregado la SIC al Minhacienda?
La Super no vive de lo que caza, pone las multas, recauda la plata y se le manda al Ministerio. En multas: en el año 2000 eran unos $5.000 millones, en 2007 $6.000 millones, eso era en un año como autoridad de libre competencia, consumidor, etc. Pero, con el incremento en 2012 del tope de la multa hasta ahora se han puesto sanciones que equivalen a $1,7 billones solo el año pasado $300.000 millones eso era lo de 50 años antes.

¿Expertos en competencia aseguran que la SIC no debería ser la misma entidad que investiga y acusa los casos de cartelización y competencia en general, cree que debería hacerse algún cambio?
Todos quieren que lo investiguen de manera distinta. Las investigaciones por prácticas de competencia nacen en la SIC y mueren en la SIC, porque ejerce un poder de policía administrativa, lo mismo pasa en la Supersociedades, y en las de Servicios Públicos. En todas las investigación de inspección, vigilancia y control del estado colombiano funciona así, porque es el modelo sancionatorio colombiano. Si quieren cambiar el modelo de investigación y sanción de la competencia tendrán que cambiar el modelo del Estado entero con funciones policivas.

¿En términos de competencia que tan fortalecida es la norma en el país frente a los pares de la región?
En los demás países de la región la competencia es un desastre, autoridades que tengan una extraordinaria capacidad sancionatoria como nosotros, personal técnico, independencia y que demuestren con casos conductas anticompetitivas, solamente están en México, Brasil, Chile, Perú, Colombia y tal vez Argentina lo logre. De resto empaque y vámonos. Hay gente que le preocupa que se descubran carteles, pero es más mala noticia no descubrirlos. América Latina está quedada en relación con los países desarrollados, la Unión europea, la Ocde, como continente, pero tenemos autoridades del mismo nivel de las autoridades europeas.

¿Qué hace falta para estar al nivel de la Ocde?
Colombia es el único con un modelo sancionatorio como el nuestro, el resto ya tienen un modelo que sigue el sistema europeo. Hoy la máxima sanción que la SIC puede poner es US$25 millones, y eso parecería mucha plata pero eso es relativo para un cartel, para un mercado, para un contexto como el de Colombia que podría ser suficiente para una empresa pero para otras empresas con otro tipo de conductas puede ser irrisorio.
Por eso el mundo ya entendió que las multas no pueden ser fijadas en una suma de dinero, sino en un tope en relación con los ingresos de las compañías, esa es una reforma que hay que implementar en Colombia.

¿Qué tan cerca estamos de hacer dicha reforma?
Eso ya se ha discutido. El mundo ya entendió que US$25 millones para unas personas es mucho y para otras es poco. Qué tan cerca estamos, estamos listos para tramitar un proyecto de ley en el Congreso que lo haga realidad. Yo creo que el próximo Gobierno estará muy interesado en hacerlo porque entre otras cosas es uno de los compromisos de la Ocde en materia de competencia que nosotros hemos asumido.

¿Qué procesos están listos para fallar?
Está el Aeropuerto de Caldas por presunta colusión entre los interventores; dos casos de corrupción en el sector público y privado con el carrusel de Bogotá; un contrato adicional de patios y grúas; tenemos casos de Fonade por contrataciones pequeñas donde habría colusión, son unos ocho o 10 casos.

El escándalo de Facebook y Cambrigde Analytica abrió un debate sobre la protección de datos ¿qué tan segura está la información personal de los ciudadanos en las redes?
En los últimos siete años es que se ha trabajado con la ley estatutaria de habeas data, antes de eso los datos solo se protegían por vía de la acción de tutela. Falta mucho por hacer sobretodo fortalecer a la SIC dándole más personal y presupuesto para que esa función de protección se ejerza bien, hemos impuesto multas que superan los $21.000 millones en los últimos años por violar datos personales de los colombianos.

¿Se ha avanzado para proteger a los consumidores a parte del estatuto?
El gran problema que hemos tenido en Colombia en ese tema, y todos los demás temas, es que por décadas tuvimos una protección teórica e insuficiente. Por décadas el país no tuvo en cuenta la importancia de ese aspecto, una institucionalidad frágil, irrisoria, se burlaba de ella, no tenía normatividad de avanzada, pero en los últimos cambios se han producido cambios significativos.