Se evitó pago injustificado a exempleados de Ferrocarriles Nacionales de Colombia

El supuesto pago se debía a la demanda que entablaron 11 exfuncionarios de Ferrocarriles Nacionales de Colombia, quienes exigían un mayor valor en la liquidación de sus mesadas pensionales.

Para entonces, ya el Ministerio de Comercio había pagado la suma de $1.028 millones por este concepto, con la respectiva inclusión en nómina para el pago de las mesadas pensionales futuras.

Sin embargo, ante una petición de desacato de los demandantes, el Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar, ordenó realizar un dictamen pericial que arrojó que se debía pagar la suma de $15.000 millones.

Dicha decisión fue objetada por el Fondo de Pasivo de Ferrocarriles, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y la Agencia Nacional de Defensa, los cuales ordenaron un segundo dictamen, que al realizarse arrojó la suma de $11.506 millones, con lo que tampoco estuvieron de acuerdo.

Aun así, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria de Bolívar ordenó que en un plazo máximo de 5 días, el Fondo cumpliera con el pago, pero teniendo en cuenta sólo este valor del segundo dictamen.

Ante esta irregularidad, el Ministerio de Hacienda decidió no girar los recursos para el pago, razón por la que el Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar decidió sancionarlo a tres días de arresto y una multa por no proveer los recursos.

Por lo anterior, la Agencia, los Ministerios de Hacienda y Comercio, y el Fondo del Pasivo intervinieron ante el Consejo Superior de la Judicatura, exponiendo las irregularidades ocurridas.

El Consejo anuló la decisión del desacato, pero por indebida notificación al Ministro de Hacienda.

Como el asunto volvió al Consejo Seccional de Bolívar, éste, haciendo caso omiso a los argumentos que dijeron las entidades como razón al no pago, decretó el desacato, esta vez, contra la Ministra de Comercio, Industria y Turismo, con orden de arresto.

El tema finalmente llegó al despacho de la magistrada Julia Emma Garzón de Gómez, de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, quien tuvo en cuenta los argumentos presentado por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica y de las entidades demandadas y revocó la orden de desacato; además dejó en claro que el Estado cumplió adecuadamente con su obligación pagando los $1.028 millones y compulsó copias contra los magistrados y peritos del Consejo Seccional de Bolívar por las irregularidades presentadas.